Ciudad de México.– Una de las empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos y señalada de estar vinculada con “Los Chapitos”, los herederos del Cártel de Sinaloa, ha sido proveedora de gobiernos estatales y del Gobierno federal.
El cliente favorito de Sumilab S.A. de C.V. ha sido el estado de Sinaloa, enclave de la organización criminal fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre 2018 y 2022, la administración encabezada por Quirino Ordaz Coppel, ahora embajador de México en España, entregó a la empresa contratos por 14.7 millones de pesos.
De acuerdo con las 71 facturas publicadas por el Gobierno de Sinaloa en la Plataforma Nacional de Transparencia, estas compras se hicieron principalmente a través del Hospital de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Cuestionados sobre la entrega de los contratos a Sumilab, tanto el Gobierno de Rubén Rocha Moya, como el exgobernador Quirino Ordaz Coppel declinaron responder a las preguntas de este diario.
El pasado 9 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la empresa con sede en Culiacán en una de sus listas negras, por su participación en el suministro y envío de precursores químicos utilizados para la producción de drogas a miembros del Cártel de Sinaloa.
Las implicaciones de la designación de la OFAC van desde el bloqueo de propiedades y participaciones en bienes a la prohibición de cualquier transacción realizada por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos.
Aunque Sumilab logró más contratos entre 2017 y 2021, las dependencias ahora a cargo del gobernador morenista Rubén Rocha Moya han seguido adquiriendo artículos de la empresa vinculada con los herederos de El Chapo.
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FRG