Ciudad de México.– La novela judicial de Héctor “El Güero Palma” continúa. Tras estar 28 años preso, el capo ha vuelto a acariciar su libertad, por segunda vez en dos semanas. Y, otra vez, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha movilizado para impedir que salga de la cárcel.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que un juez había dado la orden de que fuera liberado bajo el argumento de que los cargos que se le imputan ya han prescrito. “¿Saben qué pasó ayer? Algo nunca visto. Un juez dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, ya ni siquiera 24 horas, que en tres horas dejara libre a El Güero Palma”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves.
Los abogados del capo, antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán, han confirmado a EL PAÍS que el tribunal les dio la razón y acusaron una campaña contra su cliente. “El presidente está violando los derechos humanos de mi defendido”, afirmó Martín Hernández, que encabeza la defensa del narcotraficante.
El Güero Palma, uno de los personajes más temidos y polémicos de las últimas décadas en México, volvió a ser noticia la semana pasada.
Tras una intensa batalla judicial que se ha extendido durante años, los abogados del capo, de 63 años, anunciaron que habían logrado derribar todas las causas abiertas contra su cliente por homicidio y delincuencia organizada y que su liberación del penal del Altiplano, una conocida prisión de máxima seguridad donde permanece tras las rejas desde 2016, era cuestión de tiempo. Un juez determinó entonces que los fiscales no tenían suficientes evidencias para acusarlo de crimen organizado. Horas más tarde, se supo que la FGR presentó nuevos cargos por un homicidio en el estado de Hidalgo en 1992. La orden de aprehensión tumbó la posibilidad de que fuera liberado.
Hernández denunció que el arresto “al vapor” de su cliente había sido en represalia por no dar “sobornos millonarios” que las autoridades le pidieron a cambio de su libertad. Esta semana estaba previsto que un juez determinara este jueves la vinculación a proceso contra Palma por las nuevas acusaciones, es decir, que decidiera si había suficientes elementos de prueba para iniciar un juicio en su contra.
Antes, la defensa logró obtener un amparo, en el que un juzgado de Iguala había fallado a favor de su cliente porque la causa ya había caducado. “Se dictó auto de libertad por prescripción de la acción penal en favor del quejoso Jesús Héctor Palma Salazar”, se lee en el documento al que ha tenido acceso este diario y se ordena al director de la prisión que cumpla con la orden de sacarlo.
La orden de liberación fue expedida a las tres de la tarde del miércoles, con la consigna de que se concretara tres horas más tarde, pero la cárcel no fue notificada hasta pasadas las diez de la noche, informó la prensa local. El argumento de las autoridades es que no se dio suficiente tiempo ni para acatar ni para apelar la orden y que el auto de libertad es apelable.
La defensa de El Güero dijo que se les impidió la comunicación con su cliente y acusó el encubrimiento de los fiscales que han “fabricado” los delitos. “Los fiscales están inventando acusaciones porque los denunciamos por corrupción y extorsión, ya que le pidieron seis millones de dólares por su libertad, de lo contrario le iban a seguir inventando falsos delitos”, asegura Hernández. El abogado dice que López Obrador está al tanto de la denuncia “desde hace meses” y que su retención supone violaciones al debido proceso.
El presidente hizo alusión al caso como ejemplo de la “corrupción” en el Poder Judicial, en una cruzada que ha emprendido desde hace meses por decisiones de la Suprema Corte que no han favorecido a su Gobierno y que ha aumentado las tensiones entre ambos poderes.
El Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, aseveró López Obrador. La FGR no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, a la espera de lo que pueda pasar en la audiencia de vinculación a proceso.
El Güero fue arrestado por el Ejército en junio de 1995. El capo estaba a bordo de una avioneta que se estrelló cuando iba en camino a una fiesta en el Estado de Nayarit, en el occidente de México. Tras el siniestro, fue el único tripulante que sobrevivió y logró eludir su captura en primera instancia tras portar un uniforme de la extinta Policía Judicial Federal, la antigua policía ministerial.
En 2007 fue extraditado a Estados Unidos para purgar una condena de 16 años de cárcel por narcotráfico, después de declararse culpable y salir de forma anticipada por buena conducta. Estuvo nueve años bajo custodia estadounidense.
El capo empezó como sicario y escaló posiciones en el Cartel de Sinaloa hasta llegar a la cúpula de la organización, también colaboró con narcos como Ismael El Mayo Zambada, Miguel Ángel Félix Gallardo y el antiguo Cartel de Tijuana, con quienes rompió tras el brutal asesinato de su esposa y sus dos hijos pequeños.
En 2016, Palma fue deportado a México para ser juzgado por el homicidio de dos personas a mediados de los años noventa y delincuencia organizada, procesos que han sido desechados por el Poder Judicial. En una trama judicial con tintes laberínticos, entre absoluciones y reaprehensiones, sus abogados afirman que está limpio, pero las autoridades han dejado claro que darán pelea para impedir su salida definitiva de la cárcel.
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