Ciudad de México.- Una jueza federal ordenó ayer convocar a periodo extraordinario de sesiones del Senado para designar a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia (INAI), con lo que ya son dos los mandatos judiciales vigentes para llenar igual número de vacantes en el organismo.
Celina Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, concedió una nueva suspensión provisional, ahora para un periodo extraordinario para designar al reemplazo de Francisco Javier Acuña, quien salió del INAI el pasado 1 de abril.
El 18 de mayo, la jueza ya había ordenado un extraordinario para designar uno de los dos comisionados que dejaron el cargo en 2022, pero hasta ahora, la Comisión Permanente del Congreso no ha acatado esta suspensión, confirmada la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
La jueza había dado tres días hábiles a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para elaborar la propuesta de candidato o candidata al INAI, y tres días adicionales para que la Comisión Permanente convoque al periodo extraordinario. Este procedimiento también es el que ordenó para la vacante de Acuña.
Ante el desacato a su orden del 18 de mayo, la jueza amenazó hoy con imponer multa de 50 unidades de medida y actualización -5 mil 187 pesos- a todos los miembros de la Comisión Permanente y de la Jucopo.
La jueza incluso pidió a las autoridades administrativas del Congreso que le envíen el nombre, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes de los legisladores que integran la Comisión Permanente y la Jucopo, y señaló que irá incrementando las multas hasta llegar a mil UMA, o 103 mil 740 pesos.
Las autoridades responsables y la vinculada han sido omisas en acatar lo anterior; por tanto, requiérase nuevamente a la Comisión Permanente, a la Jucopo de la Cámara de Senadores, y a la Cámara de Senadores, para que en plazo de 48 horas acrediten de manera efectiva, y sin evasivas, que han dado cumplimiento a los extremos de la suspensión definitiva”, advirtió la jueza.
La postura del Congreso parece ser que, como ha impugnado la suspensiones, no tiene que acatarlas, pero esto es incorrecto, ya que este tipo de órdenes judiciales se tienen que cumplir de inmediato.
El desacato a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero es la Fiscalía General de la República (FGR) la que decide si presenta la acusación, y todos los diputados y senadores involucrados tienen fuero.
El presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, intentó llenar la vacante de Acuña al cierre del periodo de sesiones en abril, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría de sus compañeros de partido en el Pleno del Senado.
En cuanto a las otras dos vacantes, el Senado ya habían designado el 1 de marzo como comisionados a Yadira Alarcón y Rafael Luna, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó ambos nombramientos, por lo que la jueza considera que la suspensión sigue sin ser cumplida.
Basta nombrar a un solo comisionado o comisionada para que el Pleno del INAI, detenido por falta de quórum, pueda volver a sesionar, y se requiere el voto de tres quintas partes de los senadores para avalar el nombramiento.
Mas allá de las órdenes judiciales, será imposible llenar las vacantes mientras los senadores de Morena y sus aliados, o López Obrador, insistan en no aceptar ningún nombramiento.
Los amparos de los que derivan ambas suspensiones fueron promovidos por Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del INAI, órgano cuya desaparición ha sido expresamente requerida por López Obrador.
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