Con la voz aún temblorosa, María Teresa Montaño Delgado relata el suceso que cambió el curso de su vida en una tarde, a priori como cualquier otra, en agosto de 2021.
La periodista, residente en Toluca, capital del Estado de México (Edomex), salió de una cita médica y se dispuso a parar a un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a casa. Una vez dentro del vehículo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron.
La apuntaron con una pistola bajo amenaza, diciéndole “ya sabes de qué va esto”. Inmediatamente después, el coche puso rumbo su domicilio, cuya dirección los asaltantes ya conocían.
“No paraban de preguntarme: ‘¿Eres periodista? ¿Para qué medio trabajas?’” Pero a pesar del miedo, ella lo negó rotundamente en cada ocasión: “Si admitía que era periodista, estaba convencida de que me matarían”.
Cuando llegaron a su domicilio, los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa. Mientras esperaba en el coche, la periodista cuenta que se llevaron todo su material de trabajo -ordenador, grabadora de voz, cámara de fotos, tabletas, cuadernos, documentos que archivaba desde hacía varios años-así como su coche.
Tras un suplicio que se prolongó durante varias horas, la periodista fue milagrosamente liberada: “Fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos”, recuerda, aún hoy conmocionada.
Unos meses antes del secuestro, Teresa Montaño -fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer- había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México (Edomex), pulmón económico del país. Se dio cuenta de que varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades.
No fue hasta tres meses después de ser secuestrada que, sospechando que se trataba de empresas fachada, creadas para malversar dinero público mediante contratos ficticios, la periodista empezó a viajar por todo el país para verificar su existencia y la naturaleza de las actividades de estas empresas.
Pero tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada. Para proteger su investigación, se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder.
Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas. Tras varios meses de investigación, nuestros documentos, entrevistas y viajes han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos y por valor de más de cinco mil millones de pesos.
Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.
Una periodista en un mar de tiburones
En 2021, la periodista sospechaba la existencia de una vasta red de corrupción, formada para financiar la actual campaña política. Para demostrarlo, descargó y analizó más de 200 contratos firmados por el Estado de México entre 2018 y 2022, accesibles desde la plataforma IPOMEX, creada inicialmente con fines de transparencia.
La suspicacia de la periodista es sencilla y se basa en un patrón ya revelado por investigaciones en otros estados mexicanos. Estaba convencida de que algunas de estas empresas se trataba de empresas fachada, que “existen” sobre el papel pero carecen de actividad real o de empleados.
Para demostrarlo, decidió viajar por todo el país y visitar las direcciones indicadas en los contratos para comprobar si estas empresas realmente existían.
Me parecía extraño que el Estado de México, el más industrializado a nivel nacional, recurriera a empresas situadas en la otra punta del país […] Descubrí que muchas de estas empresas tenían sedes ficticias”, explica.
22 mil parrillas para tratamientos faciales
Entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom se adjudicó doce contratos públicos por un importe total de más de 75 millones 841 pesos, bajo el encargo de organizar talleres de “maquillaje”, “tratamientos faciales”, “costura” y “decoración con globos” en el Estado de México.
Según estos contratos, esta empresa tiene su sede en Guadalupe, en el estado de Nuevo León, a 900 kilómetros del Estado de México.
Cuando llegó a la dirección indicada en los contratos, se encontró con una modesta tienda de fachada azul que vendía productos de limpieza básicos a granel, hecho que contrastaba con los millones de euros que estaban en juego en los contratos.
A las preguntas de la periodista, la propietaria de la tienda negó haber firmado contrato alguno con el Estado de México. En respuesta a las solicitudes de información de Forbidden Stories, el Estado de México ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, comprendiendo imágenes y certificados, ninguno de los cuales aporta prueba sólida de los servicios prestados.
En el momento de la firma de los contratos, esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca -actual presidente del partido en Edomex-. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México.
Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas.
La existencia de contratos inflados
Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Montaño, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas.
Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos que ascendían a casi dos mil millones de pesos. A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital.
El funcionamiento es, pues, bastante simple: Fixs Business, una empresa real, habría servido como aval de Instituto C&A Intelligent, S.C., empresa que no existía, para desviar una parte o la totalidad de la exorbitante suma en juego. Ninguna de las sociedades ha respondido a las preguntas que Forbidden Stories les envió por correo electrónico.
Una ‘Estafa Maestra’ persistente
En 2017, el medio independiente mexicano Animal Político publicó una sonada investigación que exponía una vasta red de corrupción que habría permitido al gobierno federal mexicano malversar cientos de millones de dólares a través de un centenar de empresas fachada. Esta investigación se conoce ahora como la Estafa Maestra.
A pesar del escándalo, la exdirectora de la ASF explica que este modus operandi permanece impune hasta el día de hoy. La investigación del caso de Montaño es la prueba.
“El procurador general de la República no ha hecho su trabajo y nadie ha sido encarcelado por estas irregularidades (…) Se sigue contratando a muchas empresas a través de las universidades, de los estados”, añade. Igualmente, denuncia que ha habido muy pocas auditorías al Estado de México.
Por su parte, el Gobierno del Estado de México, órgano fiscalizador de todas las administraciones públicas, asegura que todos los contratos que le presentamos como prueba fueron adjudicados conforme a la legalidad. Por su parte, la Secretaría de Finanzas -único órgano encargado de las compras de equipo y servicios para las administraciones públicas- asegura que estos contratos se han realizado de manera transparente a través de licitaciones y cumpliendo con las leyes vigentes.
También explicó que las licitaciones en cuestión se realizaron a escala nacional, lo que supuestamente explicaría la ubicación (lejana al Estado de México) de las empresas.
Tras esta investigación, que se ha prolongado durante más de dos años y ha afectado gravemente a su vida personal y profesional, Montaño tiene sentimientos encontrados: “Hubiera podido denunciar muchas más cosas, muchas más empresas ficticias, si no me hubieran robado todo mi material de trabajo”, lamenta.
“Me parece muy injusto que se roben recursos que se supone que deberían ayudar a toda la sociedad. Denunciarlo es mi forma de hacer del mundo un lugar mejor”, añade.
A día de hoy, la investigación sobre su secuestro está paralizada y, aunque ha presionado a las autoridades, sigue sin tener noticias sobre la evolución de su caso. Como en los casos de corrupción ya denunciados en el país, reina la impunidad.
“Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada al respecto. El Estado de México es el más corrupto del país, es aquí de donde se llevan el dinero para repartírselo a los otros”, concluye Muna Buchahin.
HEP