Ciudad de México.- Un grupo de jueces locales de Veracruz fue advertido por funcionarios del Gobierno estatal, de consultar con la titular del Tribunal de Justicia amparos antes de emitirlos o podrían ser encarcelados si dictan fallos a favor de criminales.
Conforme una versión difundida ayer por Ciro Gómez Leyva en su noticiario radial, los jueces fueron conminados a reportar sus sentencias previamente a Lisbeth Aurelia Jiménez, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y cercana al Gobernador Cuitláhuac García (Morena).
Según la versión, fue el Mandatario estatal quien habría girado esa instrucción a los integrantes de otro poder institucional. Se les advirtió que de amparar a criminales y no avisar antes, serán detenidos como ocurrió con la jueza Angélica Sánchez.
Precisamente, la jueza Sánchez conoció la versión de la reunión de funcionarios del Ejecutivo estatal con jueces locales cuando estaba en la Ciudad de México y sostenía un encuentro con la Barra de Abogados.
Al respecto, el Gobernador Cuitláhuac García negó el pasado lunes haber participado en alguna reunión con jueces, pero admitió haber hablado del tema con la titular del Poder Judicial.
“Ni los conozco. Yo lo veo con la presidenta del Poder Judicial, quien es mi homóloga, y a ella sí le pido: hay que administrar bien la justicia. El pueblo pide justicia y me lo pide a mí”, respondió el lunes.
Apenas el 18 de marzo, la Magistrada presidenta acompañó al Gobernador al mitin que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en el Zócalo con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.
Ayer, AMLO respaldó nuevamente la actuación del Gobernador con Angélica Sánchez y agregó que si ella fue víctima de torturas, será la autoridad la que lo determine.
Urgen aclarar captura de jueza
La justicia de Veracruz ocultó a una juez federal los detalles de la captura y encarcelamiento de la jueza local, Angélica Sánchez Hernández, información que es clave para determinar si la aprehensión fue ilegal por violar una suspensión de amparo.
Daniela María León Linarte, Juez Décimoquinta de Distrito de Veracruz, dio ayer 24 horas al Juez de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que rinda un informe con esos detalles o, de lo contrario, le impondrá una multa de 5 mil 187 pesos, señalan registros judiciales.
El juez de control, responsable de la causa penal contra Sánchez, ya había rendido un informe a la juzgadora federal que tramita el amparo, indicándole que el apresamiento de la imputada ya era un hecho “consumado”, sin añadir dato alguno, señala un acuerdo publicado ayer.
“Del informe previo se advierte que si bien expone diversos hechos relativos a la existencia de una orden de aprehensión y su ejecución, a fin de sostener que se trata de un acto consumado, lo cierto es que omitió exponer la información completa y necesaria para que pueda ser analizada por la suscrita juzgadora”, señala la juez federal.
Los detalles de la fecha y hora de la puesta a disposición de la juez, así como de la audiencia inicial y de su internamiento en un penal de Veracruz, los requirió la juez federal para valorar si concede la suspensión definitiva contra la orden de captura.
Sánchez Hernández fue detenida la mañana del pasado viernes en la Ciudad de México, con base en una orden de aprehensión por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, imputación que le fue fincada por la Fiscalía de Veracruz por liberar, en cumplimiento de un amparo, al supuesto narcotraficante Itiel Palacios “El Compa Playa”.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, que representa legalmente a la juzgadora local, presentó una denuncia ante la juez federal Daniela María León Linarte, en la que alega que la aprehensión fue ilegal porque violó la suspensión de amparo que impedía la privación de la libertad.
Según la lista de acuerdos, la juez León ya dio trámite a esta denuncia (denominada incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión) y giró oficios a las autoridades que intervinieron en la captura para que rindan sus informes.
Con relación a esta denuncia, León programó para el próximo 3 de julio la audiencia en la que recibirá las pruebas ofrecidas por las partes y dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente o por escrito lo que a sus intereses convenga.
JFF