Ciudad de México.- En una audiencia de más de 12 horas, los ocho militares que se entregaron a las autoridades para afrontar la acusación que los implica en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reservaron ante una juez federal el derecho a rendir su declaración preparatoria.
Además, pidieron duplicar de 72 a 144 horas el término legal para que les definan su situación jurídica, por lo que será a más tardar el próximo lunes cuando se determine si les dictan o no la formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas.
Los soldados ahora internados en la prisión del Campo Militar Número Uno son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los ocho son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
En este último pliego de consignación, el militar de más alto rango contra el que se libró la aprehensión es el Coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería, quien no se entregó a las autoridades y está en calidad de prófugo de la justicia.
Según documentos ministeriales, el pasado martes, entre las 14:00 y las 19:00 horas, la mitad de los uniformados se entregaron ante la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que les ejecutó el mandamiento de captura y los internó en la prisión castrense.
Ayer a las 16:00 horas los detenidos comparecieron por el sistema de videoconferencia ante la juez Duarte Cedillo en una audiencia de declaración preparatoria que concluyó hasta este jueves, poco después de las 5:00 horas.
Si bien todos ellos decidieron guardar silencio, la diligencia se alargó por algunos requerimientos procesales que hicieron los detenidos.
La acusación contra los militares tiene como punto de partida los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los mandamientos de captura contra los soldados originalmente fueron girados el pasado 19 de agosto, dentro de una causa penal contra 83 acusados, la mayoría de ellos policías locales y funcionarios.
Del total de mandamientos judiciales, 20 correspondían a militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
El 14 de septiembre siguiente la misma FGR pidió por escrito al juzgado cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
También se desistió de las órdenes de captura de cinco exfuncionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del exprocurador Iñaky Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
Los únicos militares contra quienes quedaron vigentes los mandamientos judiciales fueron el General Brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
La semana pasada, la FGR reculó y volvió a pedir las aprehensiones contra los 16 militares y José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los estudiantes.
Bernabé huyó a Estados Unidos, donde ha solicitado asilo político.
Trasladan a Murillo Karam a hospital para consulta
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue trasladado por la mañana al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, para una cita médica previamente programada.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que elementos de seguridad penitenciaria custodiaron al hidalguense desde el Reclusorio Norte hasta el hospital ubicado al oriente de esta capital.
Desde que Murillo fue detenido el 19 de agosto de 2022, han sido constantes sus salidas del reclusorio a hospitales, una de ellas al Instituto Nacional de Cardiología, donde ya fue sometido a una cirugía endarterectomía carotídea de alto riesgo.
De acuerdo con sus allegados, el exfuncionario también padece de enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) y obstrucción vascular cerebral.
Murillo es procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, supuestamente cometidos durante la investigación para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
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