Ciudad de México.- Una juez federal dictó formal prisión a los ocho militares que se entregaron la semana pasada para enfrentar la acusación que los implica en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, determinó hoy que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para abrirles un proceso por el delito de desaparición forzada.
Con esta determinación, los integrantes del 27 Batallón de Infantería permanecerán internados en la prisión militar del Campo Militar Número 1, mientras se instruye el juicio.
El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Los soldados en prisión por caso Ayotzinapa
Los soldados ahora procesados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los ocho son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
La acusación contra los militares tiene como punto de partida los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los mandamientos de captura contra los soldados originalmente fueron girados el pasado 19 de agosto, dentro de una causa penal contra 83 acusados, la mayoría de ellos policías locales y funcionarios.
Del total de mandamientos judiciales, 20 correspondían a militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
El 14 de septiembre siguiente, la misma FGR pidió por escrito al juzgado cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
También se desistió de las órdenes de captura de cinco exfuncionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del exprocurador Iñaky Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
Los únicos militares contra quienes quedaron vigentes los mandamientos judiciales fueron el General Brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel, quienes ya estaban presos en el Campo Militar Número 1.
El pasado 13 de junio, la FGR reculó y volvió a pedir las aprehensiones contra los 16 militares y José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los estudiantes.
Solo 8 militares se entregaron a la FGR y el resto continúa evadido de la justicia.
El militar de más alto rango que se encuentra prófugo es el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
Capturan a exmando por caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República aprehendió en Tecámac, Estado de México, a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe Antisecuestros de la SEIDO, quien era buscado por acusaciones de torturas contra un supuesto miembro del crimen organizado implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron al exmando ayer domingo a las 11:15 horas, en la localidad de Ojo de Agua, frente a una Bodega Aurrerá ubicada en la carretera México-Pachuca.
El extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) tiene dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión.
Esta última fue girada en el proceso que tenía en curso por un caso de manipulación de pruebas y siembra de droga en contra de la familia de Ana Patricia Moller Vuilleumier, en Guadalajara. También tenía otra orden de captura en un Juzgado de Distrito de Colima, por delitos de servidores públicos.
Sin embargo, el caso más relevante por el que estaba prófugo de la justicia desde hace cuatro años era el de las presuntas torturas a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, supuesto miembro de Guerreros Unidos, el grupo criminal que desapareció a los normalistas de Ayotzinapa.
En ese expediente, se ordenó su aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.
Autoridades consultadas dijeron que desde la noche de ayer domingo Ramírez iba a ser puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para que compareciera en la audiencia inicial por el asunto de “El Cepillo”.
La imputación de la Fiscalía se basa en que Gutiérrez presuntamente estuvo presente en un interrogatorio llevado a cabo en enero de 2015 en las instalaciones de la PFM, en la Calle de Moneda, en el que fue torturado “El Cepillo”.
La diligencia, cuestionada de ilegal, fue grabada en un video difundido el 13 de julio de 2020.
Organizaciones como la ONU-DH advirtieron posibles actos de tortura al presunto narcotraficante.
Según la Fiscalía, en ese interrogatorio también participaron Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, e Ignacio Mendoza Gandaria, director de Apoyo a la Operación tanto del desaparecido Cisen como del Centro Nacional de Investigación.
Ramírez Gutiérrez fue titular de la UEIDMS, adscrita a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO).
En 2014, cuando era coordinador de la UEIDMS, Ramírez fue el primer fiscal responsable de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, antes de que la PGR creara una Fiscalía especial para tramitar el caso.
En julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluyó al ex jefe antisecuestros en su lista de funcionarios denunciados ante la FGR por probables delitos cometidos durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
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