Ciudad de México.- En 2022, siete de cada 10 dependencias y entidades del Gobierno Federal incrementaron su riesgo de corrupción al no acatar, entre otras disposiciones, las reglas para garantizar que hubiera transparencia y competencia en las compras públicas, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al actualizar el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el Instituto señaló que las entidades que se situaron con los puntajes más altos son Birmex (70), Puerto de Salina Cruz (68), Secretaría de Marina (64), Diconsa (58), ISSSTE (58) y Liconsa (52).
El puntaje va de cero a 100, en donde cero es ausencia de riesgo de corrupción y 100 una alta probabilidad de su existencia.
“La institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz. Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, señaló.
El IRC toma como riesgos de corrupción la falta de transparencia, es decir, que los procedimientos no se difundan de acuerdo con los plazos que establece la ley; falta de competencia, que ocurre cuando no se privilegia la licitación pública; así como los antecedentes de las empresas ganadoras de los contratos, si éstas son de reciente creación o han sido clasificadas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En 2022, detalló el IMCO, las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa 9 por ciento del presupuesto programable ejercido ese año.
En el caso de la falta de competencia, indicó, en 2022, 38 por ciento del monto gastado se adjudicó directamente y 25 por ciento de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos.
Respecto de los proveedores de riesgo, detalló, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública.
Además, 32 por ciento de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64 por ciento se destinó a servicios de vigilancia.
“Las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas. 74 por ciento del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente. Destacan los casos de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el subíndice de competencia”, indicó.
En el caso de Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que están bajo investigación por casos de corrupción, sus procesos de compra no mejoraron.
“Diconsa gastó 19 mil 734 millones en compras públicas y 90 por ciento se adjudicó directamente. Por su parte, Liconsa obtuvo un puntaje de 85 en el subíndice de competencia, ya que licitó solo 18 por ciento del monto gastado en compras públicas”, indicó.
JFF