Ciudad de México.- A tres años de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres, sancionar este comportamiento sigue enfrentando dificultades que van desde la interpretación de la conducta hasta el miedo de las víctimas a denunciar por posibles represalias.
El 4 de agosto, la Comisión de Quejas del INE determinó que el Presidente López Obrador cometió violencia política de género contra la aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez. El caso evidenció las complicaciones que las autoridades electorales enfrentan para interpretar esta conducta.
En un caso más reciente, Ricardo Salinas Pliego rechazó ayer la orden del INE para frenar la violencia de género que ejerce contra la senadora de Morena Citlalli Hernández. El empresario aseguró que no es funcionario y volvió a insultarla.
De acuerdo con sondeos a ex candidatas, las principales causas que inhiben las denuncias son el miedo a las represalias en sus partidos y la desconfianza en las autoridades encargadas de procesar sus casos.
La abogada y experta en violencia de género, Patricia Olamendi, advierte sobre el bajo número de denuncias y castigos –289 personas han sido sancionadas en poco más de dos años–, ya que ese número representa una cifra muy baja en comparación con las miles de candidatas que ha habido en ese periodo.