El IMSS otorgó cuatro jugosos contratos por asignación directa por más de mil 100 millones de pesos a una empresa turbia, con domicilios fantasmas y cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus precios y servicios.
Incluso, la ASF detectó que no hay evidencia de que fueran necesarios los “servicios informáticos” contratados por el Instituto que encabeza Zoé Robledo.
Se trata del Grupo PM Soluciones y PM Soluciones, que no figura en el Registro Público de Comercio y en diversos contratos ha otorgado direcciones distintas, en las que no se encuentra ninguna actividad relacionada con la empresa.
Por ejemplo, las reportadas en Félix Parra 175 en la Colonia San José Insurgentes, una casa en renta, y Manuel M. Ponce 87, Piso 4, Colonia Guadalupe Inn, donde el encargado de la seguridad indicó que el piso está vacío.
La socia y directora ejecutiva de la empresa, de nombre Marisol González Lozano, reportó en el 2016 que su domicilio se encontraba en el austero barrio de Popotla y ahora ocupa una residencia en Lomas de Chapultepec.
La empresa fue contratada por el IMSS para dar servicios hasta el 2024 para el “servicio de informática profesional de ciclo de vida aplicativo” y “continuidad operativa y desarrollo de software”.
El primero, el S1M0293, firmado en octubre de 2021 por 245.5 millones de pesos. Después a finales del 2022, en tan sólo seis días, le fueron otorgados otros 3 contratos por 858 millones de pesos.
Un informe de Mexicanos contra la Corrupción sobre los contratos del sector público detectó que el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa a empresas de nueva creación o con domicilios fantasmas.
El Instituto gastó 45 % de su presupuesto en compras mayoritariamente sin competencia, lo que equivale a más de 70 mil millones de pesos.
La empresa está representada por Rafael Martínez Carreón, Director Comercial y Nuevos negocios en Grupo PM Soluciones, quien ha otorgado distintas direcciones en licitaciones o contratos.
Grupo PM ha estado envuelta en otros escándalos, hace unos meses la ASF detectó un contrato hasta por 492 millones por “Servicios Tecnológicos” a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que encabeza Ana Guevara.
La empresa también había reportado domicilio distintos y realizó subcontrataciones. Además no se encontraron 153 equipos que supuestamente se habían contratado.
Incluso la ASF emitió una recomendación al IMSS por el millonario contrato S1M0293 y pidió investigar y sancionar las irregularidades de los servidores públicos porque PM Soluciones no demostró “la ejecución de los servicios”, ni hubo mecanismo para validar los servicios de mantenimientos o corrección de fallas.
En las irregularidades ha sido señalado el chiapaneco Borsalino González Andrade, director de Administración del IMSS, amigo y uno de los principales operadores de Zoé Robledo.