Ciudad de México.- En medio de señalamientos de la Oposición y hasta de militantes de Morena, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar serán obligados a firmar un compromiso, por escrito, para cumplir con el nuevo Código de Ética de la dependencia.
Las disposiciones, publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), advierten que los servidores públicos no podrán participar en actos proselitistas en horas hábiles, tal y como lo establece la legislación vigente.
“Evitaré realizar y/o participar en actos de proselitismo durante las jornadas laborales e influir en las preferencias político-electorales de mis compañeros, personal bajo mi mando o de la ciudadanía con quienes tenga contacto por mi empleo, cargo o comisión”, refiere.
El documento, fechado el 31 de marzo, fue difundido a solo unos días de que el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, acusó a brigadistas de la Secretaría de Bienestar de participar activamente en la promoción de su contrincante Claudia Sheinbaum.
El Código de la dependencia establece que los funcionarios deberán atender a los ciudadanos en igualdad de condiciones, de manera objetiva e imparcial, sin fines de lucro, personales, partidistas o electorales.
También deberán comprometerse con respetar las llamadas vedas electorales, en las que se prohíbe la distribución de recursos de los programas sociales.
“Respetaré los periodos restringidos por la autoridad electoral, así como los periodos establecidos en cada programa, salvo en casos de excepción, por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes, para proporcionar los apoyos o beneficios de los programas a cargo de la Secretaría”, indica.
La norma contempla que los funcionarios de Bienestar solo podrán hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de los programas “para realizar las funciones encomendadas”.
Por otro lado, el Código deja en claro que los funcionarios no podrán beneficiarse, de manera directa o a través de familiares -hasta el cuarto grado-, de contratos gubernamentales relacionados con la Secretaría, “que propicien actos de corrupción, tráfico de influencias, uso indebido del cargo público, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés”.
Al firmar el documento, los funcionarios también quedan obligados a rechazar moches, usar las redes sociales con respeto, evitar la discriminación y el lenguaje sexista.
“Usar respetuosamente las redes sociales, toda vez que lo manifestado en las mismas se coloca en un nivel de publicidad y escrutinio distinto al privado, cuidando en todo momento la imagen de la dependencia”, indica.
“Emplear lenguaje incluyente y no sexista, rechazar cualquier tipo de regalos o dádivas; realizar ejercicios de reflexión en la toma de decisiones o situaciones complejas desde un punto de vista ético, apegarse a los principios del servicio público, informar sobre cualquier conflicto de interés y actuar con perspectiva de género”.
Los servidores públicos deberán salvaguardar los recursos del erario, prevenir riesgos de incumplimientos y advertir actos de corrupción.
Adicionalmente, se contemplan disposiciones para evitar el acoso sexual.
“Me abstendré de llevar a cabo insinuaciones, jaloneos, tocamientos, abrazos, besos, manoseo, emitir mensajes por cualquier medio o mostrar imágenes con connotación sexual que hostiguen o acosen sexualmente a quien las recibe, sea un ciudadano, beneficiario de programas y/o personas servidoras públicas”, detalla.