Naucalpan.- Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, consideró que Omar García Harfuch, ex mando de la Policía Federal en Guerrero que acudió a las reuniones en 2014 en las que se habría fraguado la “verdad histórica” del caso, sea investigado y enfrente a la justicia.
“Nosotros creemos, lo hemos dicho que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas, artífices de la verdad histórica, se tiene que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse, porque entonces sería una contradicción que hoy mantengamos en la cárcel a Murillo Karam, que haya orden de aprehensión contra Tomas Zerón de Lucio cuando ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción”, dijo.
Se debe investigar a todas esas autoridades que participaron en la construcción de la “verdad histórica”, declaró el abogado afuera del Campo Militar 1-A, donde los familiares mantenían un plantón para exigir al Ejército que entregue toda la información que tiene sobre el caso.
Un retrato de García Harfuch, también ex Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y aspirante a la Jefatura de Gobierno, fue colgado por los inconformes en la reja de la entrada al Campo Militar.
Ayer, al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio pasado, reveló que la verdad oficial para cerrar el caso se construyó en unas juntas de autoridades en las que participó García Harfuch.
Vidulfo Rosales rechazó que su solicitud de investigar a García Harfuch o la revelación de Encinas tengan un fin electoral.
“Estamos hablando de todas esas autoridades, es un tema que tiene que ver con la presentación con vida de nuestros 43 compañeros y contra todos aquellos que manipularon y crear una investigación que desvió el conocimiento de la verdad, y esto es una demanda de que se investiguen a todos los artífices de la verdad histórica que tenemos desde hace tiempo, no tiene nada que ver con tiempo se electorales”, sostuvo.
En conferencia de prensa, el abogado y los padres de los 43 también solicitaron que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto porque es mencionado en el informe de la Covaj y el entonces Procurador Jesús Murillo Karam no habría podido actuar solo.
Incluso, cuando les preguntaron, admitieron la posibilidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera ser investigado por encubrimiento al Ejército.
“Todavía tenemos por delante 10 meses de sexenio para empezar a analizar si el encubrimiento que estamos viendo prevalecerá o no y hasta qué nivel”, dijo el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre.
“Los integrantes del GIEI, antes de irse ya habían considerado y lo habían transmitido a los padres, que estimaban qué ya se satisfacían los extremos para presentar denuncias por obstrucción a la verdad y a la justicia -habría que ver la figura penal-, respecto y algunos elementos del ejército responsables en la actual administración de responder a los requerimientos de información”.
Desconocen planes de heredar el caso
Los familiares de los 43 aseguraron que no conocen del mecanismo con el que el Gobierno federal pretende heredar el caso ni que han sido consultados al respecto.
“Desde cuándo estamos viendo nosotros que el gobierno hace narrativas, construye informes y efectivamente hay un intento como de ir cerrando la pinza. De ir cerrando, digamos, este ciclo en la investigación. Pero nosotros por ahora retomamos lo que el propio gobierno dice que la investigación está abierta y que van a continuar creo que es lo correcto”, dijo Rosales.
Aclarar el paradero de los 43 estudiantes y castigar a los culpables fue una de las 100 promesas que hizo López Obrador al llegar a la Presidencia en diciembre de 2018.
“Es erróneo estar hablando de mecanismos que le corresponderían, incluso, construir a otros gobiernos, a otras administraciones. Hoy en día creo que tenemos que centrarnos en los pendientes que hay en la investigación”, añadió.
Afuera del Campo Militar 1-A, Rosales dijo que era la primera vez que escuchaba sobre el mecanismo del que habló ayer Encinas para que continúe la investigación en el próximo Gobierno, por lo que dijo que ellos continuarán trabajando con la Covaj, con la Unidad Especial de Investigación para el caso y los documentos que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos exigieron que el Gobierno retire el documento titulado “Narrativa de seguridad” que presuntamente realizó el Gabinete de Seguridad pues criminaliza a los estudiantes, resta responsabilidad al Ejército que se ha negado a entregar información y utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp presentadas desde el año pasado y que han resultado falsas o no comprobadas.
Pese a reconocer que el caso está empantanado, los familiares dijeron que aún tienen un poco de esperanza en que el Ejército obedezca la nueva instrucción de López Obrador de entregar toda la información que tiene y por eso levantaron el plantón instalado en la puerta uno del Campo Militar desde el 21 de septiembre pasado.
HLL