Ciudad de México.- Aunque el huracán “Otis” dejó a su paso devastación en el Estado de Guerrero, en lo político logró “reactivar” la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, rota desde hace seis meses y maltrecha desde que arrancó 2023.
En enero, tras la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, las tensiones entre Palacio Nacional y los juzgadores se incrementaron paulatinamente.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había mantenido una relación cordial con el antecesor de Piña, Arturo Zaldívar, incrementó sus ataques contra el Poder Judicial y arremetió directamente contra la Ministra.
El 5 de febrero, en la conmemoración del aniversario de la Constitución, en Querétaro, la presidenta de la Corte fue la única que no se puso de pie cuando el Presidente ingresó al Teatro de la República.
El gesto provocó molestia y hasta indignación entre los cercanos a López Obrador, aunque, para los críticos de la 4T, fue considerado como una muestra de independencia y autonomía del Poder Judicial.
Las tensiones entre ambos poderes aumentaron, sobre todo, al paso de las suspensiones y los fallos que no favorecían al Gobierno, a sus reformas y a sus proyectos.
El 21 de marzo, al cierre de un mitin en el Zócalo, convocado para celebrar la expropiación petrolera, simpatizantes del Presidente prendieron fuego a una figura de la Ministra Norma Piña.
Para abril, las diferencias llegaron a tal grado que el Jefe del Ejecutivo rompió relaciones, de manera definitiva, con el Poder Judicial.
Durante una mañanera, en Veracruz, ordenó a los integrantes de su Gabinete que ni siquiera tomaran la llamada a los ministros de la Corte, luego que rechazaran mantener la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A partir de ese momento, cada semana, en el marco del informe “Cero Impunidad”, los nombres de decenas de jueces fueron exhibidos por sus fallos “en favor de delincuentes”.
Acusaciones de oligarcas, corruptos, mafiosos y serviles se convirtieron en la cotidianeidad contra ministros y magistrados.
En mayo, el Presidente anunció que enviaría una reforma constitucional al Congreso para que los ministros sean electos por voto secreto y universal en las urnas.
Pese a la lluvia de críticas y cuestionamientos, López Obrador hizo un llamado a los electores para que Morena y sus aliados consigan mayoría calificada en el Congreso, con la finalidad de concretar los cambios.
Ese mismo mes, seguidores del Presidente instalaron protestas en torno a las instalaciones de la Corte, lo que obligó a los ministros a cambiar de sede, por lo menos de manera temporal.
Sin embargo, la sociedad civil también se organizó y, junto con los partidos de Oposición, salieron a las calles a marchar en defensa de los jueces, con la consigna “la Corte no se toca”.
Para agosto, con la relación y la comunicación aún rotas, el Presidente puso la mira en el presupuesto del Poder Judicial, exhibió “el guardadito” de 20 mil millones de pesos que mantenían en fideicomisos y giró la instrucción a sus diputados federales para sacar las “tijeras”.
En octubre, la orden se consumó y, a través de una reforma, las cámaras del Congreso extinguieron 13 fideicomisos, con 15 mil millones de pesos.
En respuesta, trabajadores del Poder Judicial realizaron bloqueos, marchas, un paro de labores e iniciaron acciones legales para frenar la aplicación de la reforma, que fue promulgada a toda velocidad.
En este marco, la noche del 24 de octubre, el huracán “Otis” tocó tierra en Acapulco, con Categoría 5, dejando a su paso devastación, daños millonarios y, hasta ahora, 47 muertos y más de 52 desaparecidos.
Y aunque el Presidente ha asegurado que su Gobierno cuenta con suficientes recursos para atender la emergencia y financiar la reconstrucción, el 31 de octubre propuso un acuerdo al Poder Judicial para destinar los 15 mil millones de sus fideicomisos a un fondo especial de ayuda a damnificados.
El Mandatario planteó que los ministros formen parte de un Comité de Vigilancia que vigile el ejercicio y aplicación de los recursos.
En un hecho inusual, ese mismo día, la presidenta de la Corte respondió con una carta en la que aceptó establecer un diálogo con el Ejecutivo, discutir el destino de los fideicomisos públicos y hasta pidió al tabasqueño nombrar a su representante para entablar comunicación.
“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para poder continuar con su proyecto de vida”, expresó.
Aunque la Ministra no aceptó, como tal, el planteamiento del Presidente, la apertura fue celebrada en Palacio Nacional.
Muy bien su respuesta, claro que tenemos diferencias pero siempre debe prevalecer el interés general, del pueblo, celebro que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien”, soltó el tabasqueño.
Presidencia nombró como enlace a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien esa misma tarde formalizó el contacto y propuso integrar una comisión con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
JRL