Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma que puede dar hasta 60 años de cárcel a quienes usen drones para lanzar explosivos contra la población civil, autoridades de seguridad o bienes inmuebles.
Con 419 votos a favor y 23 abstenciones de MC, se avaló la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La iniciativa se turnó al Senado para su revisión.
La reforma se propuso luego de que el 23 de febrero de 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional detectó sobrevuelos de drones no autorizados cerca de Palacio Nacional.
Unas semanas antes, el 10 de enero del mismo año, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación arrojaron explosivos con drones en el Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, como parte de una campaña de intimidación contra la población civil. También, el 20 de abril del 2021, hubo un ataque contra policías estatales en Aguililla, Michoacán.
El dictamen explica que la reforma busca incorporar agravantes a conductas que constituyen delitos realizados con aeronaves piloteadas a distancia, conocidos como drones.
¿Queda prohibido el uso de drones?
En el Código Penal Federal se agrega la causal del uso de los drones para cometer ilícitos, considerando una pena de 15 a 40 años de prisión.
“A quien utilice aeronaves piloteadas a distancia para cometer las conductas previstas en la fracción I del presente artículo (actos contra bienes o servicios, y personas, usando sustancias toxicas, químicos o armas), se aumentará hasta en un tercio la pena establecida”, dice el dictamen. Con esta disposición las penas podrían superar los 50 años.
Asimismo, se agrega un capítulo III Bis en el Código Penal Federal, llamado “Uso Indebido de aeronaves pilotadas a distancia”.
En un artículo 163 Bis se prevé prisión de 10 a 20 años de prisión a quien arroje sobre personas o bienes cualquier objeto o artefactos explosivos improvisados, armas o sustancias químicas con el fin de ser usados como explosivos con el fin de causar un daño.
Cuando la persona o bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad, con ello, las sanciones pueden llegar a los 60 años de prisión.
También se prevé sanción de 5 a 10 años de cárcel a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte los drones para el transporte de explosivos, sustancias químicas, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
También se establece una pena de 3 a 10 años a quien use los drones para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar actividades de servidores públicos.
Ello, con el fin de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra.
Sobre este artículo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, dijo que su bancada estaba a favor de sancionar el uso de los drones con fines delictivos, pero advirtió que estaba abierta la redacción sobre la utilización de los aparatos para tomar imágenes.
Alertó que se puede usar ese artículo contra la actividad periodística o particulares que usen drones para tomar fotos o videos, por lo que votarían en abstención.
En el dictamen se explica que en los últimos años los grupos de la delincuencia organizada han utilizado estos artefactos para transportar explosivos que son lanzados a personas, utilizados en enfrentamientos y en contra de las autoridades, así como para el transporte de droga y el espionaje.
Los drones también se usan en actividades de vigilancia y seguimiento de la delincuencia organizada para conocer los movimientos de la autoridad, de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, se argumenta.
JFF