Ciudad de México.- Activistas denostaron los resultados de las políticas aplicadas por el actual Gobierno, al señalar que existe una crisis en derechos humanos, en lo que va de este sexenio, en el que tampoco se ha podido poner fin la corrupción e impunidad.
A menos de un mes de que México participe en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por la ONU, los especialistas llevaron a cabo una evaluación acerca de la situación que atraviesa el País en el tema de derechos humanos.
En conferencia de prensa realizada en el Centro de Comunicación Social (Cencos), integrantes del colectivo EPUMx conformado por 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales, se presentó un informe en el que abordan temas como el debilitamiento del Estado de Derecho, con acciones contra los órganos autónomos e instituciones; el deterioro del espacio cívico y el avance de la militarización.
Así como impunidad y violación a los derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y tortura.
¿Cuándo evaluará la ONU la situación del País?
De acuerdo con los voceros, estos planteamientos, diagnósticos, opiniones y propuestas vertidos en 18 informes temáticos, se espera que sean insumos u hoja de ruta para el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se llevará a cabo el próximo 24 de enero de 2024.
“Desde hace décadas, México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado, particularmente desde el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la administración federal”, es el primer planteamiento del informe.
Según el documento, dicha crisis está caracterizada por factores estructurales como la violencia, la impunidad, la desigualdad y la debilidad del Estado de derecho, y que además es propiciada por el contexto internacional, principalmente derivado de la pandemia por Covid-19 y el manejo gubernamental de la misma.
Mario Hurtado del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), que su vez agrupa a organizaciones como Artículo 19, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Cencos, Cimac entre otros, remarcó la persistencia de violaciones a derechos humanos.
Las políticas públicas que se han adoptado, las acciones son suficientes y lastimosamente muchas de esas problemáticas nos han logrado revertir y por eso es muy importante que en este nuevo ciclo se siga generando recomendaciones”, refirió.
“Ha sido muy poco lo alcanzado hasta la fecha en estos 5 años. Vemos algunos avances en temas de recursos financieros recursos humanos, en la materia, sin embargo, persiste la violencia contra estos gremios e incluso algunas personas defensoras y periodistas con medidas de protección han sido asesinadas”, agregó.
Incluso dijo, en funcionarios todavía se observa desconocimiento, por lo que urgió capacitarlos en temas como desaparición forzada y también denostó que persista la corrupción e impunidad.
“Consideramos que los informes reflejan causas estructurales de la violencia y las violaciones a derechos humanos, tales como la corrupción que persiste, la impunidad es un patrón sistemático consideramos que se requiere la voluntad política en un compromiso decidido es sobre todo en los 3 niveles de gobierno”, exigió, al tiempo que llamó a realizar políticas con la sociedad civil.
Angélica De Anda de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional recordó que según cifras del Inegi, sólo el 10.9 por ciento de los delitos cometidos son denunciados y de estos sólo se abre una carpeta de investigación para el 7.6 por ciento y únicamente el 1 por ciento es resuelto.
‘Esto es alarmante’
Reprochó que se haya incrementado la militarización y que las fuerzas armadas actúen de manera opaca, sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta administración no se haya pronunciado, lo que, consideró, le resta imparcialidad. Ella comentó que una exigencia es el retiro de las milicias en tareas civiles para evitar violaciones a DH.
En tanto, Norma Garduño, activista que ha trabajado el tema de desapariciones forzadas consideró que se hay una ausencia de estrategia, los trámites son lentos pro los procedimientos burocráticos, los crímenes no se investigan, en la búsqueda influyen factores políticos, se han debilitado las estructuras y esto hace que la impunidad sea casi absoluta.
‘La impunidad casi absoluta’
“En este País nos enfrentamos a un sistema de justicia burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo, sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Enfatizamos la necesidad de revertir impunidad como un requisito básico para el goce de cualquier derecho humano.
“La impunidad casi absoluta perpetúa la violencia y las violaciones a los derechos humanos, esta lacerante realidad se agrava tratándose de las violencias sufridas por sectores que se encuentran en situaciones de desigualdad económica o social y/o que están expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad”, añadió.
JRL