Nuevo León vivió ayer un día con dos “Gobernadores” que aseguraron estar en funciones. Por un lado, Samuel García anunció que ya reasumió la Gubernatura, argumentando que no requería avisar al Congreso estatal.
Por el otro, Luis Enrique Orozco, nombrado interino por la mayoría del PRIAN en el Congreso y ratificado el viernes por la Suprema Corte, dijo ejercer funciones como gobernador y advirtió que lo será hasta no recibir un mandato del Legislativo local que diga lo contrario.
Orozco intentó realizar actividades oficiales, pero en Fuerza Civil (la Policía estatal), no aceptaron realizar un acto protocolario con él y, al llegar al Palacio de Gobierno, encontró el recinto cerrado.
Mientras estaba afuera del Palacio, García publicó una fotografía desde su oficina particular con el mensaje “Ánimo, a seguir imparables”.
Después de mediodía, compartió la publicación en el Periódico Oficial de un segundo acuerdo informando que reasume el puesto, y del que se daría vista al Congreso.
Posteriormente subió un video en el que afirmó que el PRIAN descarriló sus aspiraciones presidenciales por temor a que superara a su candidata y aseguró que será candidato presidencial en 2030.
“Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente”, expresó García Sepúlveda.
“Esto apenas comienza, les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca ahí me van a tener y voy a ganar, ya no me van poder bajar, porque lo que inició en todo México a partir de esta sacudida de las juventudes, ya nada nos para”.
Difieren expertos
En tanto, Ricardo Tamez, consultor del Congreso estatal en temas de constitucionalidad, advirtió que si García quiere reasumir el cargo, el Legislativo debe revocar primero el nombramiento de gobernador interino a Orozco.
“Lo que está ocurriendo en este momento es una ilegalidad que está violentando una orden de la Suprema Corte”, indicó.
RSV