Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, urgió al Ministro Javier Láynez a reconsiderar la suspensión de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.

En un video grabado en Acapulco, la funcionaria subrayó que la ley claramente señala que no procede la suspensión en contra de normas generales.

“A pesar de haber legislación expresa, se determinó la suspensión y el ministro lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada”, apuntó.

“Porque de actuar así y de extinguir los fideicomisos, se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía, de la impartición de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial”.

“No compartimos esta visión, como hemos señalado, no se vulnera ningún derecho, así que ojalá se reconsidere y esos recursos puedan ser utilizados para la reconstrucción de Acapulco”, planteó.

Alcalde enfatizó que en el presupuesto recién aprobado están a salvo todos los derechos laborales y “la protección” para los trabajadores judiciales.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Judicial y a la Corte que el dinero de los fideicomisos se “regrese” para utilizarlos en el plan de reconstrucción de Acapulco.

En su momento, puntualizó Alcalde, la presidenta de la Corte, Norma Piña, estuvo de acuerdo con ese planteamiento y lo externó así en una carta que hizo pública.

“Por eso llama la atención la resolución del Ministro Láynez el día de ayer (martes) donde determina una suspensión”, criticó la Secretaria.

“Una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos esta derivada de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores”.

El martes, el Ministro Láynez suspendió en su totalidad la extinción de fideicomisos del PJF, que en conjunto suman 15 mil 800 millones de pesos.

Laynez admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de Oposición a la medida impulsada por la 4T.

Una vez admitidas las acciones, iniciará el trámite de juicios en los cuales el Pleno de la Corte podría invalidar la reforma de octubre pasado a la Ley Orgánica del PJF, que ordena concentrar en la Tesorería de la Federación fondos acumulados por décadas, incluidos los que financian pensiones complementarias para jueces y magistrados.

La suspensión concedida por Laynez -que el Congreso y el Ejecutivo impugnarán ante una Sala de la Corte- es altamente inusual, pues en teoría los Ministros instructores no pueden frenar la vigencia de leyes impugnadas en este tipo de acciones.

JFF 

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