En algunas de las comunidades apartadas de México, la única bebida potable es un refresco. “Entonces se necesita ofrecer una alternativa, pero una barata”. Las palabras salían de la boca de Ignacio Ovalle, entonces director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Era junio de 2020 y el funcionario, una especie de padrino político del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaba su último gran proyecto: iban a instalar 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes que tiene la enorme red de abasto de alimentos para personas con menos recursos. Detrás, como en numerosas iniciativas que se gestaron con Ovalle al frente de este organismo, se escondía una trama corrupta. Un grupo de empresarios había acordado con la paraestatal montar un negocio que creían iba a rendir frutos millonarios. Sin embargo, los inversores nunca recuperaron su dinero y la paraestatal perdió fondos públicos que había invertido en servicios para que las plantas funcionaran. A cambio iba a quedarse con esas instalaciones en 2024, pero pasado el primer año de producción, las purificadoras quedaron completamente abandonadas.
“Ya iniciamos el establecimiento de 25 plantas, para abastecer de agua purificada a las comunidades donde estamos establecidos”, celebraba Ovalle en esa conferencia de prensa acompañado por el secretario de Agricultura y presidente del Consejo de Administración de Segalmex, Víctor Villalobos. La presentación se hacía en 2020, pero el programaba se había gestado por lo menos un año antes. Documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS, señalan que el acuerdo por las plantas de agua se logró el 29 de julio de 2019, apenas ocho meses después de que López Obrador llegara al poder. El convenio lo firmó Diconsa, el organismo encargado del abasto de alimentos que el presidente fusionó junto a la dependencia a cargo de la leche, Liconsa, bajo el nombre de Segalmex.
El titular de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, detenido la semana pasada por uso ilícito de atribuciones y facultades, era el representante de Diconsa. Junto a él firmó Manuel Lozano Jiménez, el exdirector comercial del organismo, ahora en prisión domiciliaria en Argentina. El contrato, bajo el nombre de convenio general de colaboración, fue firmado con las empresas Grupo Andareya y MSG Minerales Sintéticos Granulados. Quien manejaba los hilos de esas compañías era el empresario Fernando Zurita, ahora detenido por una compra fraudulenta de azúcar. Su enviado, quien firmaba como representante legal del consorcio, era Eduardo Murillo Landeros, también detenido en la causa judicial de Segalmex.
Uno de los documentos a los que tuvo acceso este periódico es un convenio para levantar 137 plantas purificadoras en la región norte y centro del país. Allí tenían previsto producir garrafones de 20 litros de agua para vender en las tiendas de Diconsa. En el negocio, la subsidiara de Segalmex aportaba el espacio, se hacía cargo de los gastos por servicios como energía eléctrica y agua potable de la red pública, el almacenamiento, la distribución del producto, la recuperación de los garrafones vacíos y el suministro inicial de 500.000 envases de 20 litros vacíos. Las empresas tendrían que poner “la tecnología de modificación molecular diseñada para tratar aguas con contaminantes diversos”, llenar los envases con el agua tratada y ejecutar controles de calidad. Las ganancias iban a parar a los bolsillos privados.
La previsión de Diconsa era vender unos 10 garrafones de 20 litros por día en cada tienda solo en la región norte-centro, de acuerdo al Anexo A del Convenio General de Colaboración. Luego gestaron otro convenio similar por la región sur y centro de México. Para cada acuerdo, decidieron que iban a iniciar con un mínimo de producción de 3,9 millones de garrafones al mes. Las ventas que tuvieron, sin embargo, estuvieron muy por debajo de lo previsto: entre 2020 y 2021 vendieron en todo el país apenas 4,9 millones de pesos. Una aproximación hecha por este periódico, con la idea de que los garrafones se vendían en 15.75 pesos, señala que el total de las ventas podría haber sido de 314.300 en todo el país.
El acuerdo firmado establecía que el diseño de los productos estaba a cargo tanto de Diconsa como de la empresa, mientras que la manufactura solo era responsabilidad de la parte privada. Segalmex se hacía cargo de comprar inicialmente garrafones para “ser donados a los beneficiarios del programa”, una adquisición a través de la cual también desfalcaron las arcas públicas, tal y como lo contó este periódico.
Pese a que la fabricación de las plantas purificadores se hizo a través de las empresas Grupo Andareya y MSG Minerales Sintéticos Granulados, la compra del agua se manejaba con otras dos compañías vinculadas a Zurita: Gainmate Comedores Industriales y Servicios Integrales Carregin, esta última utilizada en un fraude con azúcar. A estas dos empresas también las representaba legalmente Murillo Landeros. La conexión entre las empresas puede verse incluso los documentos que registran el desarrollo de la instalación de las plantas, que tienen el logo de Servicios Integrales Carregin.
La empresa Gainmate Comedores Industriales, fundada en 2008, cambió su objeto como sociedad a inicios de 2021 para agregar justamente los negocios con el agua e incluyó: “Otorgar servicios de almacenamiento de agua potable para consumo humano, aguas tratadas o derivados del agua para cualquier persona física o moral ya sea del ámbito privado o cualquier ente público”. En ese mismo movimiento, nombraron como apoderado de la compañía a Eduardo Murillo Landeros. Antes de 2020 no había recibido ninguna licitación pública. No era el caso de Servicios Integrales Carregin, fundada en octubre de 2018, que en enero de 2020 obtuvo por adjudicación directa un contrato con la alcaldía de Iztapalapa.
Los primeros encargos que hizo Segalmex de garrafones de agua a estas empresas comenzaron en mayo de 2020, por lo menos dos meses antes del anuncio oficial, y los últimos llegaron en septiembre de 2021. Para finales de ese año, las plantas purificadoras ya habían dejado de producir y comenzaban a quedar abandonadas. Más allá de la desidia, el convenio en papel tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en la que se supone que las empresas tienen que ceder las plantas a Diconsa.
Para garantizar que cumplirían con el servicio, las empresas dieron a Diconsa una fianza equivalente al 10% del monto mínimo mensual del convenio, es decir, por 391.200 garrafones o 6,1 millones de pesos, que en teoría quedaron en manos de Diconsa. De no cumplir las privadas con sus responsabilidades, el documento señala que no habrá necesidad de acudir a tribunales o exigir el cumplimiento forzoso o el pago de daños sin que medie resolución judicial. Este periódico consultó a Segalmex sobre las plantas, aunque no recibió respuesta. Además se comunicó con el teléfono de las dos empresas asociadas para la fabricación de las plantas, y la persona que atendió cambió de versión sobre si conocía a las compañías, primero dijo que sí y luego que no, finalmente aseguró que era número equivocado.
Empresarios que perdieron su inversión
Todas las plantas que sí se levantaron se hicieron con dinero de empresarios privados. El costo de levantar cada una rondaba los 170.000 pesos. Fuentes conocedoras del acuerdo, que prefieren mantener el anonimato, señalan que Zurita convenció a tres hombres cercanos para invertir en este proyecto. Uno de ellos fue Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno del Estado de Durango, quien según esas versiones aportó dos millones de dólares en efectivo. Posteriormente, y siempre de acuerdo a las mismas fuentes, se quejó ante la falta de avances en el proyecto y logró recuperar 10 millones de pesos a través de una transferencia bancaria. Ese movimiento bancario lo ha dejado vinculado a la causa judicial.
El segundo inversor fue un empresario maderero del Estado de Chihuahua, que entregó a través de una transferencia bancaria unos 18 millones de pesos, de acuerdo a estas fuentes que aseguran que González no volvió a ver ese dinero. El último en invertir fue Luis Molleda Cámara, un empresario que fue contratista regular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y falleció en 2022. En su caso, el monto puesto fue de 160 millones de pesos, de acuerdo a personas conocedoras de las negociaciones. Este periódico intentó sin éxito comunicarse con los dos primeros y la familia del tercero.
La estafa de los garrafones
Como establecía el acuerdo de las plantas purificadoras, Segalmex estaba a cargo de comprar los garrafones vacíos. Para eso firmó un convenio por 99,9 millones de pesos por alrededor de 1,8 millones de envases, de los cuales solo recibió un tercio. EL PAÍS reveló en marzo pasado un desfalco de al menos 51,6 millones de pesos en la adquisición de este producto en 2019. Los cálculos internos de la paraestatal señalan que del total de los envases adquiridos solo se utilizaron unos 214.000. La razón radica en que la venta de agua estaba prevista que se hiciese en botellones de 20 litros. A pesar de eso, la paraestatal compró envases más pequeños: 605.850 piezas de 11 litros y 605.850 piezas de cinco litros.
El esquema de pagar todas las compras por adelantado y pedir el producto luego fue una medida que se impuso en la Administración de Ovalle. No es un mecanismo regular en las contrataciones públicas y sirvió para que los proveedores no entregaran en muchos casos la totalidad de lo comprado, generando un daño a la Hacienda pública. Así el desfalco dentro de Segalmex superó los 15.000 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. La estafa se repitió con la carne, el azúcar y hasta las pilas, de acuerdo a lo que han revelado numerosas investigaciones periodísticas. En el caso de la compra de los garrafones, solo se entregaron los de 20 litros, que eran los que se necesitaban para cumplir con el acuerdo. Un análisis interno reconoce que Segalmex no sabe cuántos garrafones recibió en total, porque la paraestatal no llevaba un inventario completo con sus productos.
JFF