Ciudad de México.- En 2024, año de elecciones federales, México enfrentará un mayor riesgo de cambios regulatorios e intervenciones en ciertos sectores en vistas del último año en el cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dañaría la confianza de inversionistas, advirtió Moody’s.
“El riesgo se intensificará a medida que el Gobierno se apresure a completar sus proyectos emblemáticos y acelere los procesos administrativos, incluyendo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Santo Domingo de Tehuantepec“, señaló en un análisis publicado este miércoles.
Esta aceleración aumenta el riesgo de intervención del Gobierno, como la revocación de las concesiones de las empresas cuando están relacionadas con dichos proyectos, alertó.
De acuerdo con la calificadora, esta intervención del Gobierno en el sector empresarial enfriará aún más la confianza de los inversionistas.
Apunta que la industria minera de México corre mayor riesgo de una posible intervención gubernamental.
En abril de 2023, el Congreso modificó, por orden del Gobierno, leyes específicas que rigen la industria, lo que permitió acortar las concesiones mineras de 50 a 30 años y les dio a las autoridades más flexibilidad para cancelar las concesiones.
Si bien las nuevas leyes no tendrán un impacto inmediato en la calidad crediticia de la industria minera de México, sí aumentan el riesgo de una menor rentabilidad de los futuros proyectos de las compañías mineras que operan allí, explica Moody’s.
La productividad y la rentabilidad de la industria ya se habían visto presionadas por una reforma de 2021 que limitaba la capacidad de las empresas de subcontratar mano de obra, detalla.
Moody’s también anticipa que el Gobierno alegue cuestiones de seguridad y corrupción para seguirles transfiriendo a las Fuerzas Armadas el control de las operaciones y, en algunos casos, la propiedad de ciertos proyectos e infraestructura estatales.
De hecho, la Administración federal anunció en junio pasado la transferencia de las operaciones y el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Secretaría de Marina.
“Estos riesgos debilitarán la confianza empresarial en México, aunque esperamos que el Congreso y el Poder Judicial de México ejerzan su autoridad de revisar la congruencia de las medidas del gobierno con los marcos legales y regulatorios vigentes, lo que limitaría en última instancia las medidas que excedan los marcos legales”, menciona.
Para Moody’s, las decisiones que contribuyan a un entorno operativo incierto y las limitaciones de infraestructura reducirán los beneficios del nearshoring.
En ese sentido, sostiene que en América Latina, México es el país que más se beneficia de este fenómeno de relocalización.
Sin embargo, asegura que el nearshoring por sí solo no aumentará las perspectivas de crecimiento del País a mediano plazo por encima del 2 por ciento sin algunos cambios estructurales.
Por otra parte, la calificadora anticipa que las empresas no financieras de América Latina -incluidas las que operan en México- enfrentarán implicaciones crediticias variables debido a cuatro temas que influirán en la calidad crediticia global en 2024.
Éstos son: tasas más altas por más tiempo, adaptación a cambios estructurales, reformas, regulaciones y polarización.
“Las condiciones crediticias mejorarán en 2024 con respecto a un ajustado 2023, pero las altas tasas de interés seguirán afectando los resultados de las empresas no financieras de América Latina”, señala.
JFF