Desde hace cinco años, Infonavit se resiste a la elaboración y publicación de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sexenio peñista.
En diciembre de 2018, ya en el Gobierno de Morena, y cuatro días antes del nombramiento del actual director, Carlos Martínez Velázquez, el Instituto bloqueó una auditoría, con un amparo, contra la gestión del priista David Penchyna.
Pese a ser ya de la administración morenista, Martínez Velázquez ha llevado este y otros juicios hasta la Corte, alegando que el Infonavit no forma parte de la administración pública y solo maneja aportaciones privadas de los trabajadores.
En noviembre de 2020, la Suprema Corte negó el amparo y confirmó que la ASF puede auditar al Instituto, pero fueron necesarios casi tres años más para concluir la revisión.
Pese al criterio de la SCJN, el Infonavit presentó el 27 de noviembre de este año un nuevo amparo, en el que impugna la elaboración, publicación y notificación del informe de auditoría que desde 2017 reveló daños al erario por 3 mil 240 millones de pesos. El 12 de diciembre, el juez Ulises Rivera admitió la demanda a trámite, pero negó suspender los efectos del informe de la ASF.
¿Qué reveló la auditoría al Infonavit?
El resto del daño, según la Auditoría, derivó de 99.2 millones de pesos pagados a Buserdi, una empresa de recuperación de cartera, 44.2 millones de pesos a la firma de marketing Soccer Media Solutions, 3.8 millones por vuelos privados no comprobados y 2.2 millones por pagos a la consultora Auren Bajío, por mencionar los casos principales.
Auren Bajío, por ejemplo, fue contratada en diciembre de 2017 y transfirió recursos a Gerinpro Consultores.
La ASF descubrió en 2022 que Arturo Núñez Serrano, en esa época Coordinador de Movilidad del Infonavit, y responsable de supervisar el contrato con Auren, era al mismo tiempo socio de Gerinpro, con los que se confirma que trianguló recursos.
RSV