Por: Silber Meza para El Universal
Ciudad de México.- En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto periodístico internacional #NarcoFiles, existen otras dos solicitudes de entregas “controladas” de droga y dinero emitidas por la Administracíón de Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos al país sudamericano en las que se menciona a México como participante.
Ambas operaciones tienen como objetivo principal desarmar estructuras de lavado de dinero de un par de grupos del narcotráfico internacional. Cada caso solicita autorización para el manejo de 2 millones de dólares y 200 kilos de cocaína de procedencia ilegal.
La segunda de ellas agrega cinco kilos de heroína, 20 kilos de metanfetaminas y 20 kilos de sustancias químicas no especificadas.
México otorgó permisos para el ‘tránsito y/o destino’ de drogas
El jueves pasado, EL UNIVERSAL reveló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2022) México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita en operaciones de “entregas controladas”, de acuerdo con cartas enviadas por la DEA y el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) a la fiscalía de Colombia.
El objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Con estas dos nuevas operaciones la suma alcanza los 9 millones de dólares y 5.8 toneladas de cocaína.
A diferencia de las tres entregas controladas anteriores, en estas no se encontró ningún documento en el que se asegure que México dio su consentimiento, pero en la documentación oficial presentada por Estados Unidos y legalizada ante la fiscalía colombiana y el juez de Control, nuestro país se asume como participante de facto.
Así opera la estrategia
El primero de los dos casos inició el 8 de septiembre de 2021, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Embajada de Bogotá, envió una misiva a la fiscalía con el asunto: Solicitud de Autorización Operación Entrega Controlada y/o Agente Encubierto. Con duración de un año y posibilidad de ampliarse otro más.
Un agente estadounidense de alto nivel contaba con información de la estructura criminal: “[El cabecilla] administra un laboratorio para la producción de cocaína en el país vecino de Ecuador y además coordina las recolecciones de dinero de las ganancias de los narcóticos en México y los Estados Unidos. Luego, el dinero se repatria a Colombia y México mediante transferencias bancarias”.
La fiscalía colombiana designó a un agente encubierto y corrieron los trámites para intervenir comunicaciones. Tenían claro que, además del tráfico de drogas, el blanqueo de capitales cobraba especial importancia. México era clave para el flujo de depósitos del dinero ilícito.
La DEA, con ayuda de los policías judiciales encubiertos colombianos, tenía en la mira a un personaje que recoge las ganancias de la estructura criminal y traslada el dinero a través de cuentas bancarias. Por eso hicieron la infiltración.
Los países que intervienen en la operación solicitada por el agregado judicial contemplan Colombia, México, Ecuador y Estados Unidos”, se lee en los documentos de la fiscalía.
La segunda operación inició el 22 de febrero de 2022, cinco meses después. La DEA envió una carta con la actualización de una organización criminal. Los datos surgen de “una fuente humana administrada por la DEA en Estados Unidos”. El plan contempla que la DEA recibirá dinero de narcotraficantes investigados hasta por 2 millones de dólares.
“Dichas entregas controladas de dinero se podrán llevar a cabo en Estados Unidos, República Dominicana y México, para ser pagados a la organización criminal de referencia, dineros que pueden ser en efectivo pesos colombianos, dólares, euros, para ser entregados a la organización criminal”.
Incluye el permiso para manejar cocaína, heroína, metanfetaminas y otras sustancias sintéticas.
*** Este artículo es parte de #NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo.
Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
JRL