Antes del decretazo del viernes por la tarde para encargar a Birmex la compra consolidada de medicamentos, la Secretaría de Salud (Ssa) falló en el encargo y sólo pudo adquirir 58 por ciento de lo que se necesita en el País para abatir el desabasto de fármacos y material de curación.

Como ocurrió previamente con la Secretaría de Hacienda, con la UNOPS y con el Insabi, la Ssa se quedó corta y ahora será Birmex el quinto intento del sexenio para abastecer al sector público de medicamentos.

El desempeño de la Ssa en la licitación fue cuestionado por varias empresas que le advirtieron sobre el costo de entregar los insumos en un solo almacén en Tultitlán -distinto de la megafarmacia anunciada por el Gobierno- cuando ellas mismas podían repartir los medicamentos en hospitales y clínicas que los usarán.

Convocada el 30 de octubre como una compra “complementaria” a las que ya había realizado el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para 2023 y 2024, la licitación fallada el 16 de noviembre solo contrató 58 % de los 328 millones de piezas de medicamentos requeridos.

Para el 42 % restante el proceso se declaró desierto por falta de ofertas, por defectos técnicos y por precios inaceptables.

Para almacenar lo que sí compró, está en curso la habilitación de la llamada megafarmacia, un centro de distribución en Huehuetoca que era almacén de la cadena Liverpool, y que le costará al Gobierno 3 mil 449 millones de pesos.

Mientras tanto, la Ssa concentrará las compras en una bodega en Tultitlán, propiedad de una filial del grupo transportista Traxión, que se ha convertido en la mayor distribuidora de medicamentos. 

Derivado de una visita al lugar, se aprecia que es una planta de manejo de resinas y materiales para construcción“, advirtió la multinacional Sanofi Pasteur, en la junta de aclaraciones con la Ssa el 3 de noviembre. El 11 de diciembre, Sanofi presentó un amparo para impugnar la evaluación de su propuesta. 

Empresas como Novo Nordisk y Merck cuestionaron la necesidad de concentrar todo en el almacén, en vez de que ellas mismas lo repartan a los hospitales, mientras que Fresenius reclamó por requisitos como el tamaño de las tarimas en que se deben entregar los productos, pues advirtió que sólo encarecen y entorpecen el proceso.

También se advirtió que múltiples partidas adquiridas por el Insabi no se han ejercido, y funcionarios de la Ssa rechazaron aclarar si esos contratos seguirán vigentes o si serán reemplazados por los del nuevo concurso.

 

DMD

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