Ciudad de México.- El Gobernador Samuel García y el Congreso de Nuevo León empezaron el 2024 igual que pasaron todo el 2023: peleando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La presidencia de la Corte turnó este jueves dos controversias constitucionales, una del Ejecutivo contra el Congreso Estatal, y otra en sentido contrario, que se suman a las alrededor de 50 que ambos Poderes, además del Judicial de la entidad, han promovido desde que García asumió la Gubernatura.
La Legislatura pidió a la Corte invalidar la “reconducción” que hizo García para aplicar en 2024 las mismas leyes de Egresos e Ingresos que operaron en 2023, luego de no presentar al Congreso las iniciativas respectivas en el plazo que prevé la Constitución de Nuevo León.
El caso fue turnado a la nueva Ministra Lenia Batres, aunque la controversia probablemente no tendrá consecuencias prácticas inmediatas, ya que se afectaría el interés público si se suspende el ejercicio del presupuesto.
La demanda alega que la reconducción solo era aplicable si el Congreso hubiera rechazado las iniciativas del Ejecutivo, que sólo presentó el 20 de noviembre una propuesta de Ley de Ingresos, no de Egresos, y tampoco turnó a los diputados los proyectos de presupuesto que le enviaron seis órganos autónomos.
Agrega que se pone en riesgo el sistema democrático local, ya que los partidos políticos tienen derecho a un incremento de su financiamiento porque habrá elecciones para renovar al Congreso y los ayuntamientos.
También se acusa a Samuel García de haber suprimido unilateralmente el artículo 98 de la Ley de Egresos de 2023, que contemplaba un fondo de 2 mil 500 millones de pesos para obras en 28 municipios.
Con la reconducción, Nuevo León tiene para 2024 el mismo gasto autorizado para el año pasado, que fue de 140 mil 37 millones de pesos.
Por su parte, el Gobernador pidió a la Corte obligar al Congreso a que atienda las observaciones que presentó a la convocatoria para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
Esta demanda fue turnada al Ministro Juan Luis González Alcántara, quien podría conceder una suspensión para frenar el proceso de designación, mientras se aclara si el Ejecutivo efectivamente podía hacer observaciones a la convocatoria.
El pasado 13 de diciembre, comparecieron ante el Congreso local tres aspirantes a reemplazar al ex Auditor Jorge Galván, quien renunció al cargo, en un proceso fast track que diputados de Movimiento Ciudadano calificaron de “una farsa”.
Apenas este miércoles, la Segunda Sala de la Corte discutió, pero no votó, dos proyectos del Ministro Luis María Aguilar, en sendas controversias de García contra el Congreso.
Una demanda impugna la convocatoria para nombrar a Fiscal General del Estado, y otra, pide anular el acuerdo de 31 de enero de 2023 de la Comisión Anticorrupción del Congreso para iniciar juicio político contra el Gobernador.
En ambos casos, el Ministro Aguilar retiró los proyectos para hacerles modificaciones, por lo que no hay fecha para una nueva discusión en la Sala.
JFF