Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó hoy las órdenes para que el Gobierno federal entregue información sobre los casos Pegasus y Calizas Industriales del Carmen (Calica).
Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte rechazó tres recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) que, alegando razones de seguridad nacional, buscó anular y mantuvo congeladas durante años órdenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Las disidentes en ambos casos fueron las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, esta última consejera Adjunta en la CJEF hasta diciembre pasado.
Pegasus
En el caso de Pegasus, el INAI ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar “versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios”, todos relacionados con la compra del software israelí de espionaje telefónico, adquirido por el Gobierno en 2014.
Esta información fue solicitada a la UIF luego de que su extitular, Santiago Nieto, expuso detalles sobre la compra de Pegasus en la conferencia mañanera del 21 de julio de 2021.
Nieto informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR pagó 32 millones de dólares a la empresa NSO Group, y que, en total, se hicieron pagos por más de 6 mil millones de pesos que involucraron a múltiples empresas y dependencias.
En esa ocasión, Nieto dio los nombres de todas las empresas, y otros detalles, pero ante las solicitudes de información, la UIF decidió reservar los datos por cinco años, alegando que se pondrían en riesgo sus técnicas de inteligencia y la investigación de probables delitos.
Esta reserva es la que revocó el INAI, lo que hoy confirmó la Corte.Las “versiones públicas” de los reportes de la UIF deberán censurar nombres y RFC de personas físicas y morales y números de cuenta, entre otros.
El Ministro Juan Luis González Alcántara destacó que Pegasus es “un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos”, postura que respaldó Yasmín Esquivel.
Batres dijo que se debió valorar el avance de las investigaciones ministeriales sobre posibles delitos, así como la afectación al secreto bancario en operaciones de las personas privadas involucradas.
Calica
En noviembre de 2022, el INAI ordenó entregar copia de la denuncia que el Gobierno presentó en junio de ese año contra Calica ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde 2019, el Gobierno federal y la firma estadounidense Vulcan Materials, dueña de Calica, litigan un arbitraje por lo que esta última describe como el despojo de su concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado reiteradamente a la empresa en sus conferencias por supuestos daños ambientales.
La Corte aclaró hoy que, al reservar su denuncia ante la ONU durante cinco años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no mencionó que su difusión implicara algún riesgo a la seguridad nacional, sino que dicho argumento fue introducido por la CJEF en su recurso y, por tanto, no podía ser estudiado.
González Alcántara, autor del proyecto, destacó que el Alto Comisionado no tiene facultades para resolver denuncias de estados contra particulares por supuestas violaciones a derechos humanos.
La mayoría también rechazó que difundir este documento pudiera afectar o tenga alguna relación con el arbitraje que se desahoga ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en el cual Vulcan reclama indemnización de mil 900 millones de dólares.
Ortiz y Batres defendieron la postura de la CJEF e insistieron que la denuncia de Semarnat no se puede revelar, mientras no existan resoluciones del tribunal arbitral y la ONU.
Batres afirmó que el Gobierno está “cumpliendo su mandato” de prevenir y sancionar violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa extranjera contra el medio ambiente.
En su recurso, la CJEF incluso dijo que publicar la denuncia de Semarnat podría facilitar actividad “tendente a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, incluyendo el servicio de agua”, lo que la Corte descartó.
JFF