El ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la Suprema Corte avalar la reforma de la 4T a la Ley de Hidrocarburos, la cual endureció los requisitos para que empresas privadas obtengan o mantengan permisos en el sector.
Desde que fue publicada en 2021, la reforma fue impugnada por cientos de empresas, pero tribunales especializados en competencia económica desecharon los amparos.
Los magistrados alegaron que los cambios legales solo pueden afectar a las empresas cuando ya existan actos concretos de aplicación por parte del Gobierno, no por la sola entrada en vigor de la ley.
Luego, los senadores de oposición presentaron un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la nueva posibilidad de suspender permisos “por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional”, viola preceptos de la Constitución.
Pero el proyecto no sólo avalará esas figuras legales, sino la revocación de todos los permisos que no cumplan los requisitos de ley o que se nieguen permisos sin dar razón alguna a los solicitantes.
También se avalará el requisito de que las empresas cuenten con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía para obtener o mantener sus permisos, pues descarta que eso fomente algún monopolio.
Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, seis votos de los ministros serán suficientes para aprobar la propuesta por Pérez Dayán.
Actualmente, este Ministro enfrenta un intento de juicio político por el voto de calidad con el que, el pasado 31 de enero, la Segunda Sala de la Corte concedió un amparo que dejó sin efectos la reforma del actual Gobierno a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), también publicada en 2021.
RSV