El recinto del Poder Ejecutivo de Guerrero, en Chilpancingo, sede por ejemplo de la Secretaría general de Gobierno, amaneció envuelto en llamas el día de ayer, después de que un grupo de jóvenes, al parecer estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, arrojaran petardos y otros artefactos incendiarios al interior. El domingo se cumplía un mes del asesinato de uno de sus compañeros, Yanqui Kothan Gómez, presuntamente a manos de policías estatales en la ciudad.
En las imágenes del siniestro se ven las oficinas en llamas, el fuego saliendo por las ventanas, igual que varios vehículos aparcados en el estacionamiento del recinto. Los bomberos pudieron controlar el incendio horas más tarde.
Hasta el momento, ni la Fiscalía de Guerrero, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la gobernadora, Evelyn Salgado, se han referido al asunto. Desde el asesinato de Yanqui Kothán, de 23 años, las relaciones entre las autoridades estatales y los normalistas han estado muy tensas. Los estudiantes han atacado varias veces oficinas del Gobierno y la Fiscalía estas semanas.
El domingo, compañeros del muchacho se juntaron en Chilpancingo para exigir justicia y recordar al joven. Las críticas se centraron en dos puntos. Por un lado, criticaron a las fuerzas de seguridad, al permitir que el presunto autor material del asesinato, un policía estatal de Guerrero, se escapara. El policía sigue prófugo, aunque dos de sus compañeros están presos.
Por otro lado, la familia del joven y sus asesores legales criticaron la filtración a un canal de televisión de parte de la investigación, que refiere los resultados del examen toxicológico practicado al cuerpo del joven y a uno de sus compañeros, con los que estaba el día del ataque.
El domingo, la madre del joven, Vianey Peralta, exigió justicia, la captura del policía prófugo, y lamentó que la filtración de los exámenes toxicológicos desvíe la atención de lo que verdaderamente importa, el ataque contra su hijo y sus compañeros, y el intento de la policía estatal de tapar el caso. En la noche del 7 de marzo, un grupo de al menos tres policías disparó contra el vehículo que manejaban Yanqui Kothán y sus compañeros, que al parecer se habían desplazado de Tixtla, sede de la escuela, a Chilpancingo, a recoger a unos amigos.
Los policías dijeron que habían dado el alto al vehículo de los muchachos, porque tenía un reporte de robo. Añadieron que los estudiantes no pararon y que les atacaron a balazos. Solo entonces, refrendaron luego las autoridades estatales, los agentes contestaron. Pero las cosas cambiaron horas más tarde, cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazó esta versión y dijo que los muchachos no habían disparado. Los policías implicados fueron detenidos, menos el presunto autor material, que se dio a la fuga.
La dificultad de tratar asuntos relacionados con la Escuela de Ayotzinapa envuelve este caso. El Gobierno trata de cerrar una investigación complicadísima sobre el ataque contra un grupo de estudiantes de la misma escuela, hace 10 años, en el municipio de Iguala, y la desaparición de 43. Las críticas de las familias de los 43 y sus abogados a las pesquisas ha desgastado una imagen que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de alimentar siempre, la defensa de los que menos tienen.
En este contexto, el caso de Yanqui Kothán arroja combustible a un fuego que se descontrola a la mínima. Por este caso ya cayeron el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el Secretario de Seguridad, Rolando Solano, y la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos.
DMD