Ciudad de México.- La decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de dictaminar 18 de las 20 iniciativas presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero traiciona el ofrecimiento del titular del Ejecutivo y de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de no aprobar el llamado “plan C” en fast track.
En un pronunciamiento público, Artículo 19, México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas afirmaron que este procedimiento viola el principio de Parlamento Abierto toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva.
“Preocupa la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información, ya que empezó a circular en redes sociales y en distintos medios de comunicación un presunto dictamen en la materia”, indicaron.
Las organizaciones ciudadanas se refirieron en particular a la iniciativa que pretende eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transferir sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una dependencia que depende el Ejecutivo y del cual no puede ejercer autonomía.
“El hecho de que se proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato”, explicaron.
“Esto no significa que no sea necesaria una reforma legislativa en materia de acceso a la información: pero la que es urgente es una que fortalezca el trabajo del órgano autónomo, sobre todo, ante la práctica cada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada”.
Las ONGs hicieron un llamado para que el Congreso de la Unión implemente los mecanismos necesarios para garantizar el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, haciendo un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas.
“Es indispensable que, más allá de promover la eliminación de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para que realmente cumplan con la función por la cual fueron creados, que es la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes”, consideraron.
“Por ello, el nuevo andamiaje debe ser resultado de un proceso amplio de deliberación ciudadana, bajo la premisa de la mayor protección a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”.
HLL