Ciudad de México.- La ONU Derechos Humanos y Amnistía Internacional llamaron ayer al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se alistan para aprobar hoy la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena.
Ayer, la Mesa Directiva de San Lázaro dio primera lectura al dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la pasada Legislatura, como parte de las iniciativas de AMLO.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial; y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional.
Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una solicitud a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para no concretar la reforma.
“Animamos respetuosamente a la Cámara de Diputados a que no apruebe el dictamen y, en lugar de profundizar un enfoque de predominio de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”, indica el escrito de ONU Derechos Humanos, entregado ayer al Congreso.
“Es preciso garantizar que la Guardia Nacional sea una institución civil, bajo el mando y control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; que las y los integrantes de la Guardia Nacional sigan estando sujetos al fuero civil; que sean exclusivamente instituciones civiles las que investiguen los delitos, y que ninguna autoridad militar pueda ejercer funciones mayores a los que guardan estricta conexión con la disciplina militar”.
Amnistía Internacional considera que si bien la iniciativa busca ser una respuesta al debilitamiento de las policías civiles, su remplazo por las Fuerzas Armadas no es la solución.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los Estados deben siempre limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas en temas ajenos a conflictos armados. Amnistía considera que la iniciativa es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido.
“Llamamos al Senado (sic) a no aprobar la iniciativa y abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública en México”, manifestó la agrupación.
Las objeciones
Estas son las observaciones de ONGs sobre el paso de la Guardia Nacional a la Sedena
- Al asignar funciones de seguridad a las fuerzas armadas, se hace permanente lo que debería ser transitorio
- Al alterar las relaciones entre civiles y militares se pueden exacerbar las violaciones a derechos humanos, como torturas y desapariciones forzadas
- Al permitir que participe en investigación de delitos, se desprovee a la federación de una tarea de naturaleza civil
- Se contravienen estándares, sentencias y compromisos internacionales asumidos por México
HLL