Toluca.- Las acciones del operativo “Enjambre” comenzaron a tejerse hace más de siete meses, tras el hallazgo de 10 cuerpos en dos fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México
La Fiscalía del Estado de México y autoridades federales prendieron alertas en abril pasado, al confirmar que una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se había infiltrado en la Policía Municipal y que los propios agentes participaron en el secuestro y posterior homicidio de las víctimas.
Entre ellas había choferes de las aplicaciones Uber y DiDi y comerciantes. Sus familiares reportaron las desapariciones a principios del año, pero no recibieron llamadas para un posible rescate.
La investigación de la Fiscalía estatal determinó que las víctimas presentaban huellas de tortura y que algunas fueron arrojadas con vida a los pozos. También se localizaron cuerpos desmembrados.
Al establecer que policías de Nicolás Romero estaban al servicio de los criminales, durante los meses de mayo y junio, fuerzas federales y estatales realizaron los primeros despliegues operativos.
Como resultado de ello, actualmente se encuentran recluidos y vinculados a proceso 11 elementos de la corporación, por los delitos de homicidio y secuestro exprés. Sin embargo, está pendiente la captura de Adrián Sánchez Mitre, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública.
Ese caso marcó el inicio de la operación “Enjambre” en la entidad mexiquense, la cual se ha extendido a 12 municipios: Nicolás Romero, Acambay, Aculco, Amanalco, Coatepec Harinas, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán, Tlatlaya y Tonatico.
A las acciones en Nicolás Romero se sumaron las realizadas en agosto, tras la desaparición de Agustín Oropeza, director de Seguridad Pública de Temascalcingo, y de su escolta, Juan Carlos Zaldívar, mismas que derivaron en la detención de cuatro mandos municipales: Eulises, de Acambay; Carlos Alberto, de Aculco; Juan Carlos, de Coatepec Harinas, y Luis Ángel, de Tlatlaya.
“El Operativo Enjambre”, del pasado 22 de noviembre, es el más importante hasta el momento y permitió la detención de María Elena Martínez, Alcaldesa de Amanalco, además de cinco mandos de Seguridad Pública y un presidente honorario del DIF.
Todos ya se encuentran vinculados a proceso.
Según las acusaciones de la Fiscalía del Edomex, la Alcaldesa entregaba cada tres meses un millón 300 mil pesos de cuota a Pablo Hernández, “El Pelón”, integrante de “La Familia Michoacana” y segundo de “El Fresa”.
AAK