La senadora panista María del Pilar Ortega Martínez aceptó que en el estado de Guanajuato hay impunidad por el tipo penal tan “pobre” que hay para castigar el feminicidio.
“Está generando impunidad si varios supuestos de feminicidios no están contemplados en nuestro tipo penal y se les considera como un homicidio común, sí está generando impunidad”, señaló la legisladora.
Ortega añadió que esta impunidad la fomenta la “cerrazón” de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que las autoridades del Ministerio Público no han entendido con puntualidad todo lo que hay alrededor de la violencia contra las mujeres.
“Ha habido insensibilidad, estamos pidiendo que haya más sensibilidad en este tema, que se revise el tipo penal con mucha seriedad, es importantísimo que haya una capacitación de las autoridades de la procuración de justicia para realmente tener una sensibilidad y una capacitación sobre el tema”.
“A veces la cerrazón de las propias instituciones tiene que ver porque no hay un rostro de mujer o porque no hay una mirada de mujer al interior de las instituciones”, manifestó Pilar Ortega.
Lamentó también el incremento de homicidios de mujeres y dijo que la tasa de homicidios de mujeres registrada en 2010 fue más del doble que la que hubo en 2007.
Además, denunció que casi 12% de mujeres que acudieron al Ministerio Público a interponer una denuncia fueron víctimas de violencia institucional.
“El mensaje parecía ser que si morían muchas mujeres, era porque estas mujeres estaban buscando ese riesgo y ese discurso que lo tenemos todavía dentro de las propias instituciones lo tenemos que eliminar si queremos ir avanzando en mejorar las condiciones de las mujeres”, señaló la senadora.
Además del incremento en el número de homicidios a mujeres, tanto en Guanajuato como en todo el País, la senadora lamentó que el delito aún no ha sido cabalmente tipificado.
“Nosotros hacemos un llamado al Congreso del Estado para que revise el contenido de esta tipificación”, exhortó Ortega.
Los asesinatos de mujeres que las autoridades tipifican como feminicidios son excepcionales, como ha documentado AM.
Ortega señaló que en las agencias del Ministerio Público hay incapacidad y falta de sensibilidad para evaluar este problema.
“Hay falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público para cuando se encuentran un homicidio de una mujer saber en qué caso estamos hablando realmente de feminicidio”.
“Si se trabajara más en prevenir la violencia se prevendrían muchos feminicidios, pero no se tiene ni el conocimiento, ni la capacitación adecuada dentro de las agencias del Ministerio Público”.
Detalla insuficiencias en Código
Pilar Ortega denunció que el Código Penal de Guanajuato tiene deficiencias para tipificar el delito de feminicidio.
Reprochó que el articulo 153-A del Código Penal estipula, de manera limitada, que se comete feminicidio cuando la mujer asesinada haya sido incomunicada, violentada sexualmente, vejada, mutilada o sufriera violencia intrafamiliar.
Ortega cuestionó que esto evade antecedentes de violencia laborales o escolares.
“Nuestra tipificación es muy limitada y se limita al tema sexual”.
Reprobó también que la penalidad por feminicidio en Guanajuato sea de las menos severas: al responsable se le imponen de 25 a 35 años de prisión.
“La penalidad por el delito de feminicidio en el ámbito federal es de 40 a 60 años de prisión”, refirió.
Además, señaló que el Código Penal de Guanajuato omite sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia en este tipo de delitos.
“En las regulaciones federales se establece una pena de prisión de 3 a 8 años, además de la destitución y la inhabilitación del funcionario público”, concluyó.
Plantea cambios
El próximo jueves, Pilar Ortega Martínez presentará en el Senado una iniciativa para hacer una serie de modificaciones a distintas disposiciones legales pendientes, sobre el enfoque de género dentro del procedimiento penal.
La meta, dijo, es garantizar a las mujeres un real acceso a la justicia y que sean tratadas en condiciones de igualdad dentro del procedimiento penal, adelantó.