La violencia heredada del sexenio pasado y la falta de compromiso en materia de derechos humanos por parte de la presente Administración, ha colocado en situación de riesgo a defensores que acompañan estas causas, acusaron organizaciones.
Al presentar la campaña nacional “Defendamos la Esperanza”, integrantes de diversas organizaciones civiles denunciaron el hostigamiento y agresiones que se ejercen en su contra a consecuencia de su labor.
“Continuamos documentando violaciones al derecho por defender los derechos humanos, perpetradas por funcionarios, también agresiones, actos de violencia perpetradas por bandas del crimen organizado, una no está separada de la otra, todo sucede con la aquiescencia de las autoridades”, reprochó Agnieska Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas.
“Y una tercera modalidad es justamente que es todo el cúmulo de agresiones que sufren defensores o líderes comunitarios por parte de las empresas privadas. Es un ambiente de complicidad en donde se perpetúa la impunidad con toda la venia de las autoridades”.
En tanto, José Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, señaló que ante la inacción de las autoridades y el nulo funcionamiento de los canales oficiales para defender a los desprotegidos y las causas de injusticia, los defensores recurren a la protesta, sin embargo, este recurso es criminalizado.
Además son víctimas de persecución judicial y difamación, puesto que no se conoce ni reconoce su trabajo.
Y condenaron los discursos oficiales donde se habla de un cambio legislativo que beneficia a las personas que están inscritas a organizaciones de activismo.
“Según el discurso gubernamental estaríamos hoy en condiciones de acceso a la justicia. Aunque los discursos hayan cambiado y aunque se mencione que hay cambios legislativos que nos faciliten la labor, la verdad es que las políticas implementadas en el País no han variado y por lo contrario se profundizan, es decir, están puestas las condiciones para que esto siga igual o se agrave”, dijo José Marroquín, del Centro Agustín Pro Juárez.
La campaña consiste en la difusión de 20 expresiones y propuestas de defensa de derechos humanos a través de actividades públicas a lo largo del País y mediante una plataforma en internet, la cual durará un año.
Solicitan protección 50 acosados
A cinco meses de la entrada en operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, su implementación exhibe deficiencias, pero las demandas de auxilio han sido elevadas.
De acuerdo con Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, de noviembre a la fecha casi 50 personas han solicitado medidas de protección, de las cuales se han otorgado unas 12.
Según el activista, las víctimas han sido objeto de amenazas, hostigamiento por alguna autoridad o civil y ante ello han obtenido el resguardo con vehículos blindados, vigilancia especial en oficinas y casas o custodia policiaca.
“Está funcionando con muchas dificultades todavía, que van apareciendo en la práctica. La parte de medidas urgentes no está funcionando tan rápidamente.