La intención de que el Presidente de la República conserve su inmunidad procesal para no ser juzgado en caso de cometer algún delito, desató ayer una polémica en el Senado.
Mientras la bancada del PRD aseguró que el titular del Ejecutivo ya no cuenta con la protección constitucional, legisladores del PRI y el PAN afirmaron que sí conserva la inmunidad que le otorga la Constitución.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, sostuvo que la minuta enviada por la Cámara de Diputados ya no incluye el párrafo que le otorga inmunidad al Presidente y adelantó que su fracción está presta a votar a favor de esa redacción.
“Ha desaparecido el párrafo que prevé la inmunidad procesal para el Presidente de la República.
“Así que lo que hoy discutirá Cámara de Senadores es un dictamen sin ese párrafo y por tanto en la propuesta que está haciendo Cámara de Diputados ha desaparecido la inmunidad procesal del Presidente”, dijo.
En contraste, el senador panista José María Martínez advirtió que a pesar de la “actuación mañosa” del PRI en la Cámara baja -por modificar la redacción de la minuta-, el Presidente conserva la protección constitucional.
“Hoy, con esta minuta, algunos servidores públicos ya no cuentan con esa inmunidad procesal.
“Van a hacer frente a cualquier acción de la justicia y sólo tendrán protección respecto de sus dichos en la función de su encargo como legisladores o como representantes; más no así, el Presidente de la República”, aseveró.
Dijo que su bancada analizará el proyecto para definir el sentido de su voto, aunque adelantó su inconformidad porque el Presidente conserve ese privilegio.
Entrevistado por separado, el senador del PRI, Raúl Cervantes, aseguró que su bancada defenderá la inmunidad procesal del Presidente, tras recordar que todos los jefes de Estado en el mundo gozan de esta protección.
“El escenario es que si se aprueba como está subsiste la inmunidad. En mi criterio, el efecto jurídico es que subsiste”, expuso.
La discusión se suscitó en medio del debate que han protagonizado el Senado y la Cámara de Diputados por la manera en la que fue enviada la minuta.
Ayer, la Mesa Directiva de San Lázaro envió una fe de erratas para eliminar del documento un párrafo que había sido plasmado a través de puntos suspensivos, según, de forma mañosa.
Fracasan reclamos de ediles
Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoria improcedencia 29 controversias constitucionales promovidas por igual número de municipios de Morelos, para impugnar una reforma de enero pasado que suprimió el fuero para los alcaldes y otros funcionarios.
El Ministro José Ramón Cossío determinó que los ayuntamientos carecen de legitimación para promover las demandas, pues las controversias de este tipo solo existen para defender la esfera de atribuciones del Municipio, pero no a los funcionarios que lo integran en relación a sus conductas personales.
“Aún si el párrafo final del artículo 136 (de la Constitución de Morelos) incluye a los integrantes del Ayuntamiento como servidores públicos respecto de los cuales no se requiere declaración de procedencia (desafuero) del Congreso estatal por la comisión de delitos, tal situación no tiene el alcance de considerar que Constitucionalmente las normas impugnadas puedan afectar al municipio”, resolvió Cossío en acuerdos.
El Ministro agregó que los artículos de la Constitución de Morelos que protegen a los ayuntamientos son aquellos que fijan los requisitos y procedimiento para que el Congreso declare la desaparición, suspensión o revocación de mandato.