Que las sanciones por irregularidades y actos de corrupción en el pasado Gobierno estatal, no sólo alcancen a los burócratas, sino que se castigue a los funcionarios de primer nivel en caso de que estos últimos resulten responsables, así lo exigió José Abugaber Andonie, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León.
“Creo que no puede haber funcionarios que tengan la libertad de no ir tras de ellos, (y decir) ahí no reviso, sólo reviso a la parte operativa. No, tiene que ser general, hay que poner el ejemplo, hay que poner el dedo en la llaga sin importar consecuencias, porque si no se detienen ese tipo de actos van a continuar”, conminó el líder empresarial.
Ayer AM dio a conocer los resultados de un informe elaborado por la entonces Secretaría de la Gestión Pública el 26 de septiembre del 2006 y que concluyó el pasado 11 de marzo la Secretaría de Transparencia.
Aunque las sanciones, inhabilitaciones y destituciones recayeron en mil 119 funcionarios públicos, mientras que los que estuvieron al frente de las dependencias estatales amonestadas no fueron tocados.
Es el caso del ex secretario de Salud, Jorge Armando Aguirre Torres; del secretario de Obra Pública, Genaro Carreño Muro quien actualmente es diputado federal; de la ex directora del sistema DIF, Aída Angélica Silva Castillo y del ex director del Isseg, Miguel Ángel Salim Alle.
“El Gobernador estaría haciendo una excelente labor si concluyera todos los procesos de dudas que se tuvieran en cuestión de la corrupción, él tiene que cuidar todo y tiene que exigir a la área correspondiente para que haga una investigación general, no puede perdonar el pasado, tiene que ir fincando el futuro de este estado con transparencia, es lo que los empresarios exigimos”, solicitó el presidente del CCE.
Tras la falta de sanciones a funcionarios de primer nivel, Abugaber insistió en que el sector empresarial siempre ha pedido que los recursos que son del Estado se cuiden y no se dé un mal uso de ellos.
“Nadie debe agarrar dinero que no es suyo. Si hay dudas de que hay desvíos en funcionarios o directivos, hay que investigar para que salga la realidad, no se debe de cubrir a nadie”, destacó.
Márquez cumple con transparencia: PAN
El gobernador Miguel Márquez Márquez está cumpliendo su promesa de hacer de su Gobierno una Administración transparente, dijo el recién electo presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano.
Tras dar a conocer una lista de la Secretaría de Transparencia, antes Secretaría de la Gestión Pública encabezada por Márquez, que ya como Gobernador propició su transformación, Alfredo Ling dijo que ahora lo importante es que no se lesionen derechos de trabajadores señalados al publicar sus nombres.
Sobre la apertura del Gobierno estatal para públicar la información dijo: “Me deja en claro que lo que ha ofrecido el Gobernador en materia de transparencia lo está cumpliendo, el tema es publicar sin lesionar derechos de particulares, no sé si son responsables o no, el hecho es de que si Márquez ofreció transparencia y lo está cumpliendo qué bueno por él”.
Pide CROC sanciones
Aunque el Gobierno estatal envía una señal positiva al dar a conocer los nombres de funcionarios sancionados en la pasada Administración, es necesario que también se investiguen a secretarios y directores generales, así lo afirmó Jacobo Cabrera Lara, secretario general de la CROC en el estado.
AM difundió ayer una lista elaborada por la Secretaría de Transparencia con mil 119 trabajadores de Gobierno del Estado sancionados desde 2006 con multas, amonestaciones e inhabilitaciones, pero los altos funcionarios como directores generales o secretarios estatales fueron perdonados.
Un ejemplo de funcionarios que fueron perdonados, es el hoy diputado federal y ex secretario de Obra Pública, Genaro Carreño Muro, que sólo fue suspendido 15 días cuando otros funcionarios involucrados los inhabilitaron.
Otro caso es el de la directora del DIF, Aída Angélica Silva Castillo, quien con la esposa de Oliva, Marta Martínez Castro, fueron responsables de corrupción en la dependencia. No sólo no fue sancionada, sino que el PAN estatal la arropó y ahora es secretaria de Vinculación con la Sociedad.
Difieren cifras con informe
Entre 2006 y 2013, 331 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), han sido sancionados y otros 30 fueron destituidos.
En el portal oficial de la dependencia, se informa que la Visitaduría, o su órgano de control interno ha penalizado a esos empleados, aunque omite la cifra de los sancionados en los años 2007 y 2008.
De igual forma, la PGJ revela en su página que se ha cesado a 30 elementos.
Sin embargo, en ninguno de los informes anuales se especifica el área a la que pertenecían los servidores públicos, es decir, no se informa si eran policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, secretarios de agencia o peritos.
Según las cifras, el margen de sancionados no superaba 80 por año, pero en 2010 tanto en los castigados como en los destituidos, el número aumentó de manera notable, por ejemplo, de 49 castigados en 2009, en 2010 hubo 100.
Lo mismo se ve en el informe de cesados, pues en 2009 hubo 1 y en 2010 fueron 9.
En el primer trimestre de 2013, la PGJ afirma que se ha sancionado a un funcionario y que nadie ha sido expulsado.
De manera oficial, la dependencia no respondió a la solicitud de precisar las áreas en las que más empleados actuaron de manera irregular.
La PGJ es primer lugar en número de funcionarios sancionados desde el inicio del sexenio de Juan Manuel Oliva, en 2006, de acuerdo a un informe que solicitó el actual mandatario Miguel Márquez.
Según el reporte de la Secretaría de Transparencia, en la corporación se sancionó a 404 elementos, casi la tercera parte de los mil 199 empleados de gobierno que en total fueron sancionados en esa gestión.
Exige PRI a Oliva rendir cuentas
El ex gobernador Juan Manuel Oliva debe rendir cuentas por la corrupción que se disparó en su Administración y que a su vez, dejó más de mil funcionarios estatales sancionados e inhabilitados, dijo Fortino Batres, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en León.
“Que rinda cuentas”, exigió Batres luego de que AM publicó un informe de la Secretaría de Transparencia que indica que entre 2010 y 2012 subió la corrupción en el Gobierno anterior.
Fortino Batres afirmó que más que a los partidos, a quien debe rendirle cuentas el Gobierno estatal es a la ciudadanía.
“No sólo debe sancionarse a funcionarios operativos sino a responsables de decisiones que derivaron en corrupción, como secretarios y directores”, dijo.
Cortina de humo lista negra de Márquez: PRD
Debido a que ningún funcionario de primer nivel fue sancionado por actos de corrupción en la pasada Administración y sólo se culpó a los burócratas que seguían sus órdenes, la “lista negra” de trabajadores del Gobierno estatal destituidos e inhabilitados es sólo una cortina de humo que no convence de la transparencia en el Gobierno de Miguel Márquez Márquez.
A decir de Rodrigo González Zaragoza, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en León, esta cortina de humo oculta temas importantes que no han sido aclarados por el Mandatario estatal, como el “elefante blanco” de la Expo Bicentenario, la compra de terrenos para la fallida refinería en Salamanca, y la adjudicación discrecional de contratos por parte del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.
“Se queda corta la sanción administrativa porque no tocan las cabezas, sólo medios y bajos mandos y a los secretarios los dejan impunes y los premian: a Genaro Carreño lo hicieron diputado federal y a Miguel Salim le dieron la candidatura a la Presidencia Municipal de León, cuando en el Isseg se han encontrado irregularidades”, dijo.