Gobierno del Estado de Guanajuato donó irregularmente a Honda de México, S.A. de C.V., casi cuatro hectáreas de una parcela cuya propiedad disputa por la vía civil el ejidatario Samuel Solís Patiño en la comunidad de Juan Martín.
Solís Patiño ha demandado civilmente y hecho denuncias penales por fraude y despojo de su terreno que está en la entrada de la planta de Honda, a pie del libramiento sur y que forma parte del polígono de 566 hectáreas que Gobierno del Estado donó a la armadora japonesa para que se instalara en Celaya.
Gobierno del Estado asegura que ya compró la propiedad en 9 millones 969 mil 032 pesos con 50 centavos y que pagó a Pedro Ávalos Villegas, presunto representante del ejidatario, quien asegura que no sabía nada de la operación pues la mayor parte del tiempo vive en Estados Unidos donde tiene trabajo y una familia.
“Samuel Solís presentó las denuncias penales y la demanda civil porque nunca quiso vender su parcela, ni otorgó poder a ninguna persona para ello. Mucho menos recibió nada de ese dinero”, asegura Heriberto Mendoza Calderón, su abogado.
En aproximadamente dos meses, Yolanda Beltrán Martínez, titular del Juzgado de Partido Primero Civil en Celaya, dictará sentencia dentro del juicio C895/11 en el que Samuel Solís demandó la nulidad absoluta de un poder que aparentemente había otorgado a favor de Pedro Ávalos Villegas para vender su parcela.
Si la jueza decretara la nulidad, la compra que irregularmente hizo Gobierno del Estado de ese terreno y la donación a Honda serían revocadas, pero seguiría sin saberse quién cobró los casi 10 millones de pesos que el Gobierno estatal pagó.
“El juicio lo vamos a ganar porque hemos demostrado que todo fue un fraude, pero en el caso de que el fallo fuera en nuestra contra, tenemos la apelación, tenemos el amparo, es decir, esto podría extenderse hasta por un año y medio más.
“Mi cliente nunca quiso vender y el Gobierno nunca le ha ofrecido una cantidad por la que él esté dispuesto a vender”, dice el abogado, quien asegura no saber cuánto quiere su cliente, “yo veo las cuestiones jurídicas y él negocia y ve lo de las ofertas que ha hecho el Gobierno”.
El pago que el Gobierno hizo por esas tierras fue de 10 millones de pesos, es decir, dio aproximadamente 250 pesos por metro cuadrado. Los ejidatarios de la zona aseguran que hubo quien vendió en 500 pesos cada metro cuadrado, por lo que si a Samuel Solís le pagaran a ese mismo precio, el Gobierno estatal tendría que darle cerca de 20 millones de pesos.
Si las autoridades no encuentran al que recibió el pago ya hecho, los contribuyentes tendrían que pagar en total, por las casi cuatro hectáreas de Samuel Solís, cerca de 30 millones de pesos.
‘El Gobierno sabía que no podía donar’
El Gobierno del Estado de Guanajuato sabía que de 566 hectáreas en Juan Martín, casi cuatro no las podía donar a Honda porque están todavía siendo disputadas legalmente.
Hace una semana AM publicó que dos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico están involucrados en el presunto fraude por la compra-venta del terreno del ejidatario Samuel Solís Patiño.
De acuerdo al abogado del ejidatario, no entiende por qué el Gobierno donó un terreno que no le pertenece y por qué Honda aceptó la tierra cuando está en disputa legal, pues “se sabe que los japoneses se rigen por fuertes principios éticos y parece que no saben lo que pasó con las tierras de Samuel”.
“Cuando se iniciaron los litigios en 2011 se registró en el Registro Público de la Propiedad la demanda civil para inmovilizar el inmueble para que no hubiera traspasos, para que no se transmitiera a un tercero, aún así Gobierno del Estado sabiendo que hay un litigio y Honda sabiendo que hay un conflicto sobre esta parcela, la recibe”.
“Gobierno del Estado transmitió la propiedad a Honda de México indebidamente porque todavía no se resuelven los juicios que están pendientes”, argumentó el abogado del ejidatario.
El secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Héctor López Santillana, aseguró al respecto que el Gobierno del Estado colabora con las autoridades judiciales para aclarar la situación.
“Estaremos en la mejor disposición de coadyuvar en el proceso (…), vale la pena mencionarlo, el propio Gobierno del Estado es un afectado”, dijo Héctor López Santillana, la semana pasada tras revelarse que dos funcionarios de la dependencia que encabeza estaban involucrados.
Para el abogado del ejidatario, Heriberto Mendoza Calderón, el discurso de las autoridades es incongruente, pues no obstante que saben que el predio está en disputa civil y está relacionado con dos averiguaciones previas por fraude y despojo, lo donaron a la empresa japonesa.
“Ellos saben que demostramos ante el Ministerio Público que el poder con el que comenzó todo es fraudulento y por consecuencia la compra-venta es ilegal, demostramos que nadie sabe quién es Pedro Ávalos, que los supuestos testigos que lo identificaron ante el notario público Carlos Hurtado no conocen ni a Pedro Ávalos, ni a Samuel, el Ministerio Público corroboró que existió un fraude y no ha consignado ante un juez”.
“Y tan lo saben las autoridades que utilizaron un argumento legal, según el cual, como el ofendido del fraude es Gobierno del Estado y no Samuel mi representado, nosotros no somos parte y no podemos promover nada, ni siquiera ver el expediente, no sabemos si archivaron la averiguación o qué hicieron”.
El abogado agregó que además de las denuncias penales, el Gobierno del Estado les reconoció que la posesión del terreno es de Samuel Solís.
“Hubo una reunión en la Procuraduría Agraria, con sede aquí en Celaya donde personal de Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico firmó una minuta donde reconocía la posesión física y material a Samuel Solís Patiño y se comprometían a respetarle la posesión y que no iba a ser interrumpida”.
“Posteriormente incumplieron la promesa y se tiene presunciones que Gobierno del Estado cercó y puso el anuncio de que la propiedad es de él y despojaron a Samuel de la posesión”.
“Cercaron la parcela en febrero de 2012, la parcela ya estaba en litigio, los litigios empezaron en septiembre de 2011 con las denuncias por fraude y despojo y el juicio civil buscando la nulidad de la escritura pública donde se le vende a Gobierno del Estado”, explicó el abogado.
Pagan casi 10 millones de pesos a un ‘fantasma’
Intermediarios del Gobierno del Estado negociaron con una persona que nadie conoce y supuetamente representaba al ejidatario Samuel Solís Patiño. Así lo despojaron de su parcela en el ejido de Rincón de Tamayo, al sur de Celaya.
En la averiguación previa 493/11 presentada en la Agencia 13 del Ministerio Público, el 22 de noviembre de 2010 los representantes del Gobierno suscribieron un convenio sin número de registro con Pedro Ávalos Villegas, quien se ostentó como el apoderado legal de Solís Patiño, para adquirir una parcela de cuatro hectáreas.
Pedro cobró 9 millones 969 mil 32 pesos con 50 centavos, con el cheque 0018016.
El Ministerio Público corroboró que nadie conoce a Pedro Ávalos. “En el IFE no hay registro de una persona con ese nombre”, dijo el abogado del ejidatario, Heriberto Mendoza.
“Hay muchos peronas que presumimos participaron en la operación, desde Pedro que nadie conoce, miembros del Comisariado Ejidal que se prestaron para el fraude, los notarios Carlos Hurtado y Alejandro Lara que hicieron los poderes, funcionarios de la Procuraduría Agraria y de Desarrollo Económico”, dijo el abogado.