El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, exigió al actual Gobierno del Estado mayor transparencia en la asignación de obras.
Esto luego de que AM informó ayer que las obras contratadas durante la Administración de Juan Manuel Oliva Ramírez le costaron al Estado hasta un 15% más de su valor real debido a la falta de aplicación de criterios como regionalización, estandarización y transparencia.
Ortega Ortiz de Montellano dijo que desconoce si en la pasada Administración estatal se beneficiaron a algunas empresas, pero exhortó al Gobierno actual a que realice un mejor análisis en la asignación de obras para de esta manera abatir costos.
Destacó que se debe buscar que los costos de las obras sean eficientes, pero aclaró que la propuesta más baja no es la mejor.
“Se tienen que analizar muchas cuestiones para que una obra pueda ser considerada que tenga economía, pero siempre y cuando los materiales tengan el buen uso de la obra que se está realizando”, comentó.
El líder de la CMIC reiteró que en la asignación de obras debe haber apertura para todas las empresas constructoras, “pero que si una persona pueda ser susceptible a tener dos contratos o tres, debe ser por su capacidad, por sus instalaciones e infraestructura”.
Exige diputado continuar con investigaciones
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, aseguró que durante el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez hubo una total “oscuridad” en lo que se refiere a la asignación de obras.
“No tuvo una regulación correcta y la regulación existente desgraciadamente fue utilizada de manera amañada para generar beneficios de una manera personal”, comentó.
El legislador local agregó que debido a que el encarecimiento de obras afectó al erario público, las investigaciones deben continuar, “ya sea los de la vía penal, administrativa, civil para exigir la responsabilidad”.
Informó que la fracción del PVEM está trabajando en presentar una iniciativa que fortalezca las licitaciones públicas, “dándole primacía a la transparencia, a la certeza de que las personas que reciban estas licitaciones sean las empresas que tengan las capacidades tanto económicas como de calidad en la contratación de obra o de servicios”.

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