Cuando el 18 de agosto 2011 el Congreso local autorizó al entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez a que donara a la empresa Honda un terreno de 566 hectáreas en Celaya, el Gobierno del Estado todavía no era propietario de este predio.
Así lo estableció el propio decreto aprobado por unanimidad de los 36 diputados y lo dijo entonces en declaración a la prensa la diputada priísta Alicia Muñoz Olivares, integrante de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, que dictaminó la donación.
Un mes después de esta aprobación por parte del Congreso, Samuel Solís Patiño presentó una denuncia penal y una demanda civil por fraude, despojo y falsificación de documentos de cuatro hectáreas de su propiedad.
En el artículo primero del decreto aprobado en esa fecha, por unanimidad, el pleno del Congreso local autorizó al Gobernador “para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles que haya adquirido, integrados en el polígono de aproximadamente 566 hectáreas, que se ubica en el municipio de Celaya, (…) a efecto de que se instalen proyectos de inversión productiva generadores de fuentes de empleo”.
En el artículo tercero agregaba: “Conforme se formalice la titularidad de los bienes inmuebles que integran el polígono establecido en las consideraciones del dictamen, de aproximadamente 566 hectáreas, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que realice los actos jurídicos necesarios para su transmisión (…)”.
Nunca se mencionó en el dictamen que el beneficiario fuera Honda, pero así lo confirmaron diputados locales de entonces, en la anterior Legislatura.
Gobierno no entregó escrituras
Tres días antes, el 15 de agosto de 2011, la Comisión de Hacienda del Congreso había aprobado el dictamen de la donación de tierras.
Pero al salir de la sesión, la diputada Alicia Muñoz Olivares, integrante de dicha comisión, declaró ante los medios de comunicación que en la solicitud del Gobernador para entregar estos terrenos no se presentó la escritura de los mismos, por lo tanto no se acreditó su propiedad.
“Lo que nos saltó es que, a diferencia de las otras (solicitudes de donar terrenos) ésta no tiene la escritura, o sea no tiene la titularidad. No tiene la titularidad del Ejecutivo. Inclusive el dictamen dice que no tiene la propiedad”, expresó en entrevista aquel día y que fue publicada por AM al día siguiente.
A pesar de lo anterior, refirió que el dictamen de autorizar al Gobierno del Estado a “realizar los actos jurídicos necesarios para la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles integrados en un polígono de tierra ubicado en Celaya” fue aprobado por mayoría de la Comisión de Hacienda.
Es decir, por los entonces diputados panistas Leticia Villegas Nava, Juan Ramón Hernández Araiza y David Cabrera Morales, del PVEM.
La diputada Alicia Muñoz se abstuvo porque pidió que se le entregara la información sobre la propiedad de los terrenos.
“La abstención del PRI es porque no tenemos la certeza de la propiedad”, afirmó.
Entrevistada ayer al respecto, Muñoz Olivares confirmó que el decreto estaba condicionado a que Gobierno del Estado acreditara la propiedad del terreno.
Y afirmó que en todas las solicitudes de enajenaciones, es decir, donaciones o venta de terrenos por parte de Gobierno del Estado, realizadas con anterioridad al asunto de Honda, sí se presentaban las escrituras. Dijo que Gobierno del Estado no explicó por qué en esta ocasión no entregó la escritura.
El hecho de que la propiedad de las 566 hectáreas sólo era parcial, lo confirmó el diputado priísta Miguel Ángel Chico en la sesión del pleno del 18 de agosto de 2011, quien en la tribuna del Congreso dijo que sobresalía la necesidad de generar un proceso ágil y transparente para la culminación en la adquisición de los predios que integran el polígono.
“Esto es que se adquiera a precisos justos y con el debido proceso que permita la transferencia libre de gravámenes generando con ello dar certeza y seguridad a las partes”.
Informó que esa bancada integró al dictamen algunas consideraciones, como que establecieron el plazo de 90 días para que cuente con los instrumentos jurídicos que acrediten su propiedad y a su vez realice las enajenaciones solicitadas y la delimitación precisa de los terrenos que se quieren enajenar.
…Y demandan al Gobierno del Estado
Un mes después de la aprobación de la donación por parte de los diputados locales, inició el litigio por cuatro hectáreas propiedad de Samuel Solís Patiño, que fueron compradas, de manera ilegal, por Gobierno del Estado a Pedro Ávalos Villegas, quien se ostentó como representante del dueño con un poder falso, y quien recibió en pago 9 millones 969 mil pesos.
Pero Samuel Solís nunca vendió sus tierras ni dio ningún poder a Pedro Ávalos para que lo hiciera. Él se enteró después de lo que habían hecho con ellas.
La primera denuncia que se presentó por esta venta ilegal fue por fraude y lo que resulte, el 22 de septiembre de 2011 en contra de quien resulte responsable, que quedó asentada bajo la averiguación previa número 4931/2011 de la agencia número 13 del Ministerio Público, en Celaya, informó ayer Heriberto Mendoza Calderón, abogado de Samuel Solís.
El hecho denunciado fue el dinero recibido por Pedro Ávalos a nombre de Samuel Solís, es decir, para denunciar por qué la Secretaria de Desarrollo Económico le pagó a Pedro Ávalos si él no era el propietario. Además, por la falsificación del poder de Pedro, porque Solís Patiño no había entregado ningún poder a Ávalos Villegas.
Y la demanda civil fue presentada el 29 de septiembre de 2011, en el Juzgado Primero de Celaya, en la que se pidió la nulidad del poder falso con el cual Ávalos Villegas vendió los terrenos y también la nulidad absoluta de los actos jurídicos de la escritura pública 6474 asentada ante el notario público Carlos Hurtado Castellanos, de Celaya.
“Esto significa que el poder (con el cual Pedro Ávalos vendió las tierras) es nulo. Si el juez falla a favor de Samuel, él volvería a ser el dueño, no Gobierno del Estado, porque ahorita Gobierno se ostenta como propietario en la escritura. Estamos pidiendo la nulidad del poder”, explicó el abogado.
No revisan expediente
Los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso local de la anterior Legislatura no revisaron los documentos entregados por Gobierno del Estado a dicha comisión para analizar y aprobar el dictamen de la donación de un terreno de 566 hectáreas que entregó a la empresa Honda en 2011.
Ese análisis lo hicieron los asesores parlamentarios y los diputados sólo aprobaron, afirmó la ex diputada local Leticia Villegas Nava, quien en ese entonces era integrante de dicha comisión.
“Cada vez que algo es sometido a comisión, el equipo técnico revisa que no tenga problemas de tipo legal. Nosotros como diputados tomamos la decisión de si se aprueba o no, de si va o no va. Ya toda la decisión técnica no nos metemos en eso.
“Los asesores parlamentarios y la secretaría técnica revisaron la legalidad de los documentos. El abogado checa que todo esté en regla y el secretario técnico de la comisión revisa y los diputados tomamos la decisión de si va o no va”, declaró.
-¿Revisaron los documentos de este caso por lo delicado del asunto?.
“En tres años revisaron más de mil asuntos. Todos los asuntos son delicados y obviamente para eso tenemos a la mano a los especialistas que están revisando todo esto. Cómo un asesor va a descubrir que un documento es falso. Sólo con una denuncia. Es como si me dan un certificado de preparatoria que es falso, cómo me voy a dar cuenta que es falso, hasta que llega a la universidad. ¿Cómo puede descubrir un abogado representante del Gobierno o del Congreso que los documentos son falsos?”, argumentó.
No recordó cuáles son los documentos que se requieren para que la Comisión de Hacienda del Congreso autorice una enajenación. Comentó que mínimo contrato de compra-venta, aceptación del dueño del lugar, la identificación de la gente que hace el contrato, las escrituras o documentos para acreditar la propiedad. Admitió que no hay una ley que establezca estos documentos, sino que es un reglamento de funcionamiento interno del Congreso.
La ex diputada local del PRI Alicia Muñoz Olivares dijo que los documentos requeridos en cualquier donación son: las escrituras, un plano de identificación con medidas y colindancias inscrito en el Registro Público de la Propiedad.