Una auditoría del Gobierno estatal confirma graves irregularidades en el Registro Público de la Propiedad de León.
La investigación inició luego de una denuncia del abogado Alfredo Sabido Rodríguez, quien aseguró que el Registro Público es un cochinero.
Sabido Rodríguez es miembro del Corporativo Jurídico Sabido Sánchez y Asociados, quien se quejó hace tres meses ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
La auditoría encontró que en algunos libros, en los que se inscriben propiedades, sociedades y asociaciones de los leoneses, les desprendieron fojas -equivale a hojas oficiales-; a otros libros les faltan anexos u otros documentos, se informó extraoficialmente.
El Registro de la Propiedad es una fe pública de los bienes inmuebles y sus legítimos dueños.
Además marca las hipotecas y gravámenes que pesan sobre casas, lotes y edificios.
Las sociedades y asociaciones civiles, así como los testamentos, también se inscriben en el Registro Público de la Propiedad.
Notarios públicos y abogados denunciaron que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de León se privilegiaba información para favorecer a grandes fraccionadores.
Otra de las anomalías detectadas en la auditoría se refiere a las certificaciones de propiedad erróneas, algunas por nombres iguales -homonimias-, de tal manera que una persona sin propiedades puede obtener un certificado con varios bienes inmuebles. Y otro, del mismo nombre, y dueño de alguna casa o cualquier otro bien, aparece sin nada.
Acusan ‘cochinero’
Notarios públicos y abogados aseguraron también que ahí se lleva a cabo sólo una auditoría “técnica”, ya que en julio se pondrá en marcha el nuevo sistema digitalizado para agilizar los trámites.
El abogado Alfredo Sabido Rodríguez, miembro del Corporativo Jurídico Sabido Sánchez y Asociados, aseguró que tiene documentos que prueban la corrupción en el Registro Público.
Manifestó que en enero presentó una denuncia contra tres empleados de esta instancia y contra el hermano de uno de ellos; la demanda acusa anomalías que afectan a empresas constructoras, además de que se favorece a inmobiliarias y fraccionadores.
“Tenemos el conocimiento exacto de cómo se maneja el Registro Público y cómo se manejan los tribunales laborales. La tendencia de esas personas es despojar de sus bienes a ciudadanos”, aseguró.
Entres las irregularidades el abogado señaló también tráfico de influencias, proporcionar información privilegiada, retrasar escrituración y manipular embargos.
“Simplemente daban información privilegiada a fraccionadores, retrasaban procesos de escrituración, entre otras muchas transas que realizaban”, dijo Sabido Rodríguez.
Subrayó que tiene pruebas sobre sus denuncias que presuntamente derivaron en que se haga una auditoría al Registro Público.
“Son muy cochinos. Yo tengo una denuncia contra las personas que aprobaron una serie de transas que yo he denunciado. La denuncia la presenté ante la Gestión Pública. Tengo pruebas de todo”, añadió.
Aunque no dio detalles, el abogado aseguró que gracias a su denuncia echaron a la secretaria de un Juzgado por presuntos actos de corrupción, porque “trató de que un amparo tuviera efectos retroactivos implicando a personal del Registro Público”.
Dos notarios públicos también informaron que se favorecía a fraccionadores, privilegiando información y agilizando trámites sobre todo para empresarios que fueron funcionarios municipales en administraciones pasadas.
Sin embargo el presidente del Colegio de Notarios de León, Jorge Humberto Carpio Mendoza, dijo desconocer las causas por las que se lleva a cabo la auditoría en el Registro Público de la Propiedad, incluso calificó eficiente el servicio que se presta.
“Creo que se ha actuado con profesionalismo. Los abogados calificadores se desviven por sacar adelante su trabajo, pero no pueden ser contentillo de todos, y tal vez algunos se quejen”, señaló Carpio Mendoza.
Manifestó que se tenía como plazo que el 1° de marzo comenzara a operar el nuevo sistema digitalizado, pero se pospuso para el 31 de junio. Con esta medida se pretende transparentar y agilizar trámites.
Sobre la denuncia presentada por el abogado Alfredo Sabido Rodríguez en contra del Registro Público, ante la Secretaría de Transparencia y rendición de cuentas, el representante del Colegio de Notarios, dijo que éste no cuenta con Fiat, y trabaja para la notaría de Tomás Busto.
Por otro lado, el notario público No. 89, Horacio Irianda Alcalá, manifestó que se trata de una auditoría técnica la que se lleva a cabo, y si bien se cometen errores en el Registro Público, son involuntarios.
Añadió que la auditoría es parte de una transición que digitalizará los procesos y evitará el papeleo.
“Se agilizarán los trámites. Al final los ciudadanos saldrán beneficiados al obtener en menos tiempo sus escrituras que estarán respaldadas y donde se tendrá transparencia”, dijo el notario.