El municipio de Celaya gastó más de 5 millones de pesos en un programa de computación que no le sirvió de nada.
Así lo reveló la Contraloría municipal, al hablar de los 23 funcionarios de la pasada y la actual Administración a los que la Contraloría les inició un proceso administrativo por encontrarles diversas irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
“Desde el día lunes se están haciendo las notificaciones, hay un cronograma para las etapas de las audiencias, le vamos a notificar a 23, algunos son funcionarios y otros no, la mayoría ya no es”, informó el contralor José Luis Nájera Arredondo.
Hace seis años el Municipio gastó alrededor de 5 millones de pesos en la compra de un software para eficientar algunos procesos administrativos de la Tesorería, sin embargo no sirvió para nada y en consecuencia jamás fue utilizado.
Incluso el Órgano Superior de Fiscalización recomendó al Municipio que se demandara a la empresa Deloitte, pero las autoridades no procedieron jurídicamente.
Buscaban eficientar; derrochan millones
Hace seis años el Municipio gastó más de 5 millones de pesos en la compra de un software para eficientar algunos procesos administrativos de la Tesorería, sin embargo no sirvió para nada y jamás fue utilizado.
Hasta la Administración pasada, las autoridades no han demandado por la vía penal a la empresa trasnacional Deloitte (proveedora del software), pues el sistema no se ha podido poner en operación debido a que se necesita de una inversión extra a la ya realizada.
Incluso la Tesorería ya está analizando cómo se actuará legalmente por un software que se compró en la Administración de Gerardo Hernández y que no ha servido para nada y cuyo costo total era de 6 millones de pesos.
“Lo tenemos heredado, ese asunto lo tenemos pendiente, lo único que podemos decir es que efectivamente el sistema no está funcionando y si fue una cantidad muy significativa, de la cual no hubo recuperación. Todavía está en controversia, pero no podemos decir eso porque está en trámite”, dijo el año pasado la tesorera Angélica Camarena.
Y es que aún cuando fue una recomendación del Órgano Superior de Fiscalización que se demandara a la empresa Deloitte, las autoridades no procedieron jurídicamente. Incluso tampoco los pasados ayuntamientos fincaron responsabilidades sobre los funcionarios que participaron en esta compra.
“La Tesorería ya hizo en tiempo y forma solicitando algunas recomendaciones y aclaraciones si hay acciones que vamos a seguir. Las sanciones administrativas le tocará al Ayuntamiento”.
A Deloitte se le exigió que cumpla el contrato, pues sólo se instaló el 70% del proyecto, pero sí se pagaron 5 millones 200 mil pesos que costó el programa.
En la Administración presidida por Gerardo Hernández, se realizó la compra a “discreción”, pues no se realizó ninguna licitación (aún cuando tenía que haberse hecho por el costo) y no se informó al Cabildo de la adquisición de este software.
Hasta el momento el Municipio ha desembolsado varios pagos a la empresa.
El software eficientaría los procesos administrativos de algunas áreas de la Tesorería como Impuesto Inmobiliario, Catastro, Predial y a la dirección de Desarrollo Urbano, pero hasta el momento no lo han podido echar a nadar porque no es compatible con el sistema que se maneja en el Gobierno Municipal y además requiere de módulos adicionales para cada área.
Lo que ahora tendrá que analizar la Tesorería, el Jurídico y el Ayuntamiento serán las irregularidades encontradas en el contrato de compra, por ejemplo el detalle de que fue adjudicación directa aún cuando se adquirió a un precio muy elevado.
La compra de este software incluso fue motivo de una investigación más profunda por parte del Órganos Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.
El principal impulsor de esta compra fue el ex tesorero José Luis Medina, avalado por el ex alcalde Gerardo Hernández, quien autorizó la compra de este sistema.
El contralor municipal, José Luis Nájera, dijo ayer que la dependencia a su cargo ya inició una investigación, pero no aclaró en contra de qué funcionarios públicos.
Investigan a 23 burócratas
Veintitrés funcionarios que laboraron o están en dependencias como Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social son investigados por la Contraloría Municipal.
Así lo informó el contralor José Luis Nájera, quien agregó que fue el 22 de enero cuando el Ayuntamiento aprobó el informe de la entrega-recepción 2009-2012 que envió al Congreso, en el documento de “Análisis de la Entrega-Recepción de la Administración”.
En la revisión encontraron que dependencias y organismos descentralizados realizaron compromisos de pago sin que existiera el recurso correspondiente, por ejemplo a través de la Secretaría Particular se observaron 107 convenios por apoyos pendientes de entregar, por un monto de 457 mil pesos.
Se detectaron dictámenes de diferentes comisiones, en donde se comprometen recursos municipales y éstos no fueron registrados como compromisos de pago.
Además detectaron el faltante de más de 5 mil bienes muebles e inmuebles. El documento dejó al descubierto que la obra pública que entregó la pasada Administración tiene 87 observaciones.
Pero Nájera Arredondo dijo que hasta que concluya el procedimiento administrativo y le mande la recomendación al Ayuntamiento podría dar información más detallada.
“Hay personas que ya no tienen el domicilio y empezaremos a buscar el domicilio. Tenemos luego otro mes para hacer el procedimiento administrativo en donde les damos la oportunidad de vengan a dar lo que a su derecho corresponda, es una etapa de presentación de pruebas de ellos y tienen el derecho de defenderse en un momento dado”, finalizó.