Pruebas a policías provocan problemas

Autoridades de los municipios de León, Guanajuato, Irapuato y Celaya coinciden que las evaluaciones de Control de Confianza que se aplican a los elementos de las corporaciones policiacas provocan inestabilidad en los cuerpos de seguridad.
Martín Ortiz, secretario del Ayuntamiento de León; Jorge Luis Hernández Rivera, síndico del Ayuntamiento de Guanajuato; Jorge Alberto Acuña Dávalos, director de Seguridad Pública de Celaya y Luis Enrique Ramírez Saldaña, director de Seguridad Pública de Irapuato, abordaron el tema “la problemática en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza”, que se desarrolló en el marco del foro titulado Análisis sobre el Régimen Jurídico de los Miembros de Cuerpos de Seguridad Pública.
En el uso de la voz, Jorge Alberto Acuña Dávalos, director de Seguridad Pública de Celaya, aseguró que hace falta una normatividad apropiada para dar certeza jurídica, lo que ha genera desconfianza en los resultados que se emiten los cuales se dan de manera confidencial.
Destacó que la imposibilidad de brindar una estabilidad laboral para los elementos propicia la pérdida del sentido de pertenencia a la corporación, además que la rotación de personal merma la economía del Municipio quien se ve en la obligación de cubrir los pagos por las bajas.
El síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, Jorge Luis Hernández, refirió al igual que Acuña Dávalos sobre las inconsistencias en el marco normativo.
“La separación del cargo de un policía no se deriva de una conducta propia sino de una conducta jurídica, que la ley señala que así tiene que ser, en cuanto no se aprueben los exámenes de Control de Confianza”, precisó.
Luis Enrique Ramírez Saldaña, director de Seguridad Pública de Irapuato, resaltó que el temor a la evaluación es un factor que influye en los elementos así como no conocer los resultados de los exámenes.
Destacó que ahora los aspirantes a ser parte de las corporaciones policiacas no cumplen con el perfil necesario y aquellos que lo tienen no desean ser parte.
Además aseguró que ante la inestabilidad laboral que infunden las evaluaciones algunos elementos no realizan apropiadamente sus labores.
Martín Ortiz García insistió en la necesidad de que las autoridades federales realicen análisis profundo y al marco jurídico de los exámenes y se incluya las consecuencias sociales que traen.