La educación será la puerta de salida al rezago que vive México, aunque para ello hará falta más que anuncios y promoción, habrá que construir y concretar la reforma educativa.
Esto dijo Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, quien dio ayer una conferencia de prensa sobre la reforma educativa, tema del que habló hace unos días en entrevista para AM.
¿Qué es la reforma educativa?
No hay una reforma, hay que construirla, lo que hay son esbozos muy preliminares de ajustar las bases de lo que se venía haciendo, pero no la hay.
¿Entonces qué recibiremos como reforma educativa?
Hay una reforma constitucional, que ofrece continuidad de procesos que se venían haciendo, no hay novedades.
¿Qué es lo rescatable?
Llama la atención la ruptura que se generó entre el Gobierno federal y el SNTE. Al mismo tiempo se integró a los gobiernos estatales para la relación con el sindicato magisterial. Porque desde 1946 el Gobierno federal entregó el parque y la plaza, le permitió al sindicato ser patrón. Ahora el patrón dejó de ser tal en algunos puntos de carácter laboral.
¿Cuáles son los cambios sustanciales?
Lo que sí tenemos ahora es una reforma constitucional que va a permitir trazar escenarios de futuro, que garanticen la educación de calidad, evaluación obligatoria y el esbozo de una posibilidad para alcanzar la educación de jornada completa.
¿En qué consisten?
Nosotros (senadores) añadimos la necesidad de garantizar la educación de calidad como derecho constitucional. El presidente Peña no lo había contemplado.
Además habrá una evaluación obligatoria a todo el personal, tanto de nuevo ingreso como en ejercicio y que tiene consecuencias para el ingreso, permanencia y promoción; se lleva con prácticas que se hacían desde el 2008, en el ámbito federal y en algunas entidades, entre ellas Guanajuato. Se hacía para personas de nuevo ingreso, pero ahora será para todos.
¿Qué se retomó?
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya existía desde el 2002, se eleva a rango constitucional autónomo y va a continuar haciendo lo que ya hacía muy bien, la evaluación del sistema educativo, la sugerencia de políticas educativas y la evaluación de las plazas, como todo trabajo.
¿Cuál es la prioridad?
Desdoblar la reforma constitucional para integrar la nueva figura legal del Instituto Nacional de la Educación (INE), que a partir del 25 de febrero el presidente Peña tiene 60 días para mandar cinco ternas para el órgano interno del INE. El 25 de agosto deberán estar listas para establecer la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y la Ley del INE, hasta ahí está la certeza.
Se va a tener que trabajar en una Ley de Servicio Profesional Docente, que habría que revisar desde el ingreso, la promoción y la permanencia, y eso no tiene un marco de temporalidad determinado.
Habrá que medir los transitorios como son las jornadas de tiempo completo, el censo escolar, la comida chatarra. Además de redondear lo que no viene en la reforma.
¿Como qué viene?
La educación normal, somos el único País del mundo donde la educación normal está desligada del sistema universitario.
Debe haber fórmulas de financiamiento. Es un problema de los estados; por ejemplo, Baja California le pone el 70% de su presupuesto a la educación; Guanajuato el 60%; la Ciudad de México no le pone ni el 1% .
¿Hay algo que no deba dejarse fuera?
La integración de los padres de familia en la formulación de contenidos educativos.
Pero además, prever las necesidades de la reforma constitucional que se hizo, para que el Gobierno dote de bachillerato, eso será a partir del 2021, pero hay que trabajar en ello. Hay nueve años para preparar ese cambio.
¿A cuánto tiempo o qué distancia estamos de la reforma?
Estamos lejos, pero hay que construirla. Por supuesto que lo que se hace es valioso, pero es sólo un intento.
¿En qué porcentaje estamos?
Vamos en el 1%, vamos en ruta, hay más claridad y es natural, siempre llega un nuevo Gobierno y hay la expectativa de que se pueden realizar las cosas.
¿Cuándo llegará un beneficio a los estudiantes?
Después de varios años. Pero me preocupa que uno (Gobierno) escucha a ciertos actores y da la impresión de que ya hubo una reforma, cuando no es ni siquiera un planteamiento.
¿Qué opina de la postura del magisterio?
Ha habido una desinformación de parte de los dirigentes sindicales.
¿En qué sentido?
Porque están promoviendo cosas que no son.
¿Como cuáles?
La reforma no es un intento de privatización, no es para poner cuotas obligatorias; el Gobierno tiene la obligación de entregar preescolar, primaria y secundaria de manera gratuita y preparatoria a partir del 2021. Además de que no es un esfuerzo para atentar contra los maestros.
¿A qué deberán someterse?
El millón 200 mil maestros que hay en el País deberán ser evaluados, tendrán que validar su plaza y mejorar, hacer bien su trabajo, como cualquier otro empleado.
¿Y Elba Esther Gordillo?
Le molestó el tema de la permanencia, no es un intento nuevo. Pero ya se aplica, es una práctica federal. Pero este es un nuevo Gobierno y le gusta presumir cosas.
¿A los maestros qué les queda pendiente?
El tema laboral hay que asumirlo de fondo, se debe cambiar, debe de haber democracia, transparencia y rendición de cuentas, para eso ya hay iniciativas que están en proceso y se darán a conocer.