La opacidad y falta de transparencia que caracterizó a pasadas administraciones se adueñó de la gestión del actual alcalde Ismael Pérez Ordaz.
Los funcionarios se niegan a entregar datos y la unidad de transparencia oculta con tachaduras o mutilaciones la información que se le solicita, aun cuando en pasadas administraciones tras impugnaciones quedó en evidencia información pública como los datos de listados de contratos que firman, los nombres de los funcionarios que son liquidados, entre otros.
Lo mismo ocurrió en la pasada Administración cuando Martha Reyna Alonso era titular y fue por medio de impugnaciones que el Instituto Estatal de Acceso a la Información obligó al Gobierno de Celaya a entregarla.
Pero ahora que al frente está Ramón Felipe Ramírez Mendoza como encargado de despacho, ocurre lo mismo.
AM solicitó copia del título de concesión y/o contrato de la planta de tratamiento de aguas residuales así como anexos técnicos y económicos, la fecha para entregar la información venció hace más de un mes y se justifican en que están sacando copias para no entregarlo.
Luego se pidió la relación de todos y cada uno de los contratos y convenios que ha firmado la Dirección de Comunicación Social desde el 10 de octubre de 2012 a la fecha, pero sólo informó de 7 de un total de 29 contratos.
Lo mismo hizo la Secretaría Particular, que entregó un listado de más de 80 convenios de apoyo, pero ocultó 14 de ellos con el argumento de que no existen.
El Gobierno también decidió mantener en secreto el nombre de las personas que han sido liquidadas de la Administración, a pesar de que existen antecedentes de que deben ser públicos, pues en 2010 el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato corroboró su resolución del Director General del Instituto, en donde ordenaba a la titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Celaya que diera a conocer los nombres de los funcionarios que han sido despedidos por el Municipio así como las cantidades que les fueron pagadas. La resolución fue la 069/10-RII de fecha 18 de mayo de 2010.
Las nóminas también deben ser públicas y deben incluir el total de los funcionarios que trabajan en la Administración con excepción de los nombres de los policías, de acuerdo a la resolución 066/10-RII, 068/10-RII, 070/10-RII y 065/10-RII del Instituto de Acceso a la Información Pública estatal, pero en Celaya la Oficialía Mayor entregó un documento a medias.
Tras el ocultamiento de la información el secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo Gómez, de quien depende la Unidad de Acceso a la Información Pública de Celaya, aseguró que en el Municipio la transparencia es una prioridad.

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