El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que la Ley de Migración no ha podido materializarse en dos años debido a la corrupción que prevalece en el Instituto Nacional de Migración (INM).
Entrevistado al término de la “Jornada sobre Migración, Trata de Personas y Derechos Humanos”, el ombudsman sostuvo que mientras no se abran los procesos penales y administrativos correspondientes contra servidores públicos corruptos, el organismo seguirá sin funcionar.
“Tenemos una ley de migración moderna, con grandes conceptos, con grandes cualidades; sin embargo, el personal del INM y una institución que lamentablemente con el paso del tiempo fue pervirtiéndose en cuanto a muchos de sus elementos, que en lugar de apoyar a los migrantes decidieron más bien sumarse a las filas de la delincuencia.
“Hace falta una depuración muy clara de ese instituto con el objetivo de que pueda cumplir con el servicio que tiene encomendado. Hay recomendaciones pendientes de que se cumplan, procesos penales que no se han agotado y revisiones administrativas, de otra manera la institución seguirá sin poder funcionar”.
Tras afirmar que no existe un compromiso real de depuración del INM pues este objetivo lleva años intentándose sin lograr resultados, Plascencia destacó que el fenómeno migratorio debe abordarse desde una óptica multifactorial y no de seguridad pública.
Indicó que los migrantes sólo buscan mejor calidad de vida, reunificación familiar o protegerse de la violencia por lo que no merecen trato de delincuentes.
Por ello, a través de sus unidades regionales de monitoreo, pondrá especial atención a las estrategias gubernamentales emprendidas en la frontera sur donde ocurren varios de los abusos.
“La frontera sur ha estado abandonada durante décadas. Es una frontera sumamente porosa, pero que debe enfrentarse con una estrategia integral, no solamente de reforzamiento de la seguridad, sino también en cuestiones de carácter social y económico que permite que se garanticen los derechos de las personas que habitan en la frontera sur, pero también de aquellos que la transitan.
“No solamente debe implicar un tema de seguridad pública, sino también de desarrollo económico y de vigencia plena de los derechos en esa zona… el hecho de criminalizar a los migrantes en el Siglo XXI no encuentra ninguna justificación sino por el contrario nos refleja parte de un pasado que no hemos podido cerrar”, sostuvo.
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Raúl Plascencia,
Titular de la CNDH