Investigan a “coyote” por fallida refinería

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a José Ubaldo Ortiz Castro, cabeza de la empresa fachada creada por el Gobierno anterior para comprar tierras caras para una refinería que nunca se construyó en Guanajuato.
Así se desprendió de las primeras declaraciones que ejidatarios realizaron ante el Ministerio Público federal, como parte de la denuncia por malversación de fondos públicos en contra de ex funcionarios del Gobierno estatal que encabezó Juan Manuel Oliva.
Ortiz Castro fue considerado por campesinos y ejidatarios de la zona de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas, como el “coyote” o intermediario del Gobierno con quien trataron la venta de sus tierras.
“El nombre de José Ubaldo está inscrito en las declaraciones. Sin duda se confirma su participación”, confió a AM una fuente cercana a la investigación emprendida por la PGR.
“También ha quedado en evidencia testimonial, que fue él quien negoció las tierras y entregó el dinero a los propietarios”, agregó la fuente que pidió omitir su nombre.
En 2009, a través de prestanombres y de la empresa “Cereal y Pastas Finas”, la Administración estatal anterior pagó hasta 8 millones de pesos por cada hectárea para la frustrada refinería.
En algunos casos el desembolso fue seis veces más que el avalúo oficial, y 35 veces más que el valor fiscal de los terrenos. Al final, se negociaron 933 hectáreas con un monto superior a los mil 700 millones de pesos.
Hace una semana, los once diputados del PRI presentaron una denuncia ante la PGR por presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho en contra de colaboradores del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, actual secretario adjunto de elecciones del CEN del PAN.
La denuncia involucra el uso de recursos públicos en la adquisición de terrenos para una refinería; el pago de derechos de vía para el Tren Interurbano; así como las tierras, construcción y operación de la Expo Bicentenario.
En los próximos días se ampliarán las declaraciones de los vendedores de tierras, y no se descarta que más funcionarios involucrados sean llamados a declarar.
Entre estos, están Héctor López Santillana, quien al igual que ahora ocupaba la secretaría de Desarrollo Económico; Gustavo Adolfo González Estrada, ex secretario de Finanzas; e incluso el propio ex Gobernador de Guanajuato.
Otros de los empleados que podrían ser citados ante la PGR son Gabriel Gil Morales, hasta unas semanas subsecretario de Gobierno, quien junto con Érick Vázquez Pérez, diseñaron la operación de la empresa fachada, así como los millonarios recursos públicos que dispusieron, y que hoy son el motivo central de la investigación.