Abandona Procuraduría el caso del Pemexgate

La Procuraduría General de la República resolvió que no hubo delitos en la entrega de mil 724 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero, en 2005, pese a que dicho convenio fue declarado ilegal por la Auditoría Superior de la Federación, y resultó en sanciones administrativas contra varios funcionarios, incluido el ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Desde enero pasado, la ASF litiga una demanda de amparo para impugnar la resolución de no ejercicio de la acción penal, que fue decretada por la PGR el 14 de agosto de 2012, luego de mantener abiertas las averiguaciones previas respectivas durante más de cinco años.
Las denuncias penales fueron presentadas por la Secretaría de la Función Pública el 27 de julio de 2007, el mismo día que se anunciaron las inhabilitaciones por 10 años para el servicio público y multas de 862 millones de pesos contra Muñoz Leos y el ex abogado general de Pemex, Juan Carlos Soriano Rosas.
La intensa actividad de ese día, con reuniones entre el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez; el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y el Procurador Eduardo Medina Mora, a fin de cuentas no llevó a nada.
Los funcionarios denunciados, contra los que se resolvió no presentar cargos penales, incluyen, además de Muñoz Leos y Soriano Rosas, a los ex directores corporativos de Administración, Octavio Aguilar Valenzuela y Rosendo Villarreal, estos últimos no sancionados por la SFP.
La demanda de la ASF, que se desahoga ante el juzgado Sexto de Amparo en Materia Penal, ha tenido escaso avance por la dificultad para emplazar a juicio a Rosendo Villarreal en su carácter de tercero perjudicado, por lo que se le tuvo que notificar por edicto publicado el 25 de junio.
Consultada sobre el caso, la ASF declinó hacer comentarios por ser un proceso judicial en curso.
“En el convenio 10275/04 del 26 de julio de 2004, el director general de Pemex comprometió recursos económicos sin contar con suficiencia presupuestal que debió ser aprobada por el Consejo de Administración de Pemex, y autorizada por las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público”, afirmó.