En el transcurso de 2011, una patrulla de la Policía resultó dañada durante una riña campal en la colonia San Nicolás.
Dos años después de aquel incidente, entre abril y mayo de 2013, un joven y su papá fueron encarcelados, acusados de haber participado en la riña.
Sus familiares están desesperados, porque no pueden reunir los 21 mil pesos que les exigen por el pago de daños.
La señora María Elena Molina, mamá y esposa de los detenidos, aseguró que ellos no dañaron la patrulla, que fueron unos pandilleros que lograron huir.
“En el 2011 se suscitó una campal entre pandilleros y en el momento en que llegaron las patrullas todos corrieron a esconderse a las casas y comenzaron a correr por los techos, por lo que los policías entraron a las casas a sacarlos. Los pandilleros que estaban en las azoteas les lanzaron piedras a las patrullas”.
Explicó que después de dos años de que ocurrió la riña, el pasado 4 de abril la Policía arrestó a su hijo de 23 años de edad, acusado de dañar una patrulla. Luego, el 8 de mayo, el esposo de la señora Elena, de 54 años, también fue arrestado por agentes ministeriales.
“Llegaron golpeando la puerta, tirando las cosas de mi casa y quebrando los vidrios de las ventanas. A mi esposo y a mi hijo se les acusa por lesiones graves; le pregunté al judicial que por qué se los llevaban sin ninguna orden de aprehensión o citatorio, me ignoraron, se lo llevaron y sólo me dijeron que era por daños a una patrulla”.
Dijo que desde entonces vive en zozobra, pues no tiene dinero para liberar a sus parientes.
“No entiendo por qué después de dos años sin pruebas están mi esposo y mi hijo en la cárcel. Me dice el licenciado que lleva el caso en el Juzgado Noveno, que tengo que pagar por los dos cerca de 21 mil pesos o que me espere cinco meses para que les dicten sentencia y no tenemos otra opción más que esperar. No tenemos dinero”.
Hay 1,700 reos sin sentencia
Al igual que los familiares de la señora Elena, hay cientos de guanajuatenses que aguardan en prisión durante meses a que un juez los sentencie o los libere.
Cuatro de cada diez presos en las cárceles de Guanajuato están bajo proceso, en espera de una sentencia, revelan estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Aunque hay municipios donde el porcentaje es mayor.
Por ejemplo, en León la mitad de los internos en el Cereso son procesados y la otra mitad sentenciados.
En el penal de Celaya, 7 de cada 10 reos están bajo proceso.
Y en el Cereso de Irapuato la proporción es 8 de cada 10.
Muchos reos deben esperar el fin de su juicio en la cárcel porque carecen de dinero para pagar una fianza.
Algunos permanecen encarcelados meses e incluso años, en espera de que concluya su juicio.
Cuatro años de cárcel por 1,100 pesos
Ese es el caso de Juan, un joven de 18 años de la colonia San Nicolás, quien fue arrestado el pasado 23 de mayo acusado de robo.
La mamá del joven, quien pidió el anonimato, dijo que el licenciado que lleva el caso en el Juzgado Tercero le informó que su hijo podría permanecer de tres a cuatro años en la cárcel.
“Mi hijo junto con otros dos muchachos se robaron varios aparatos electrónicos, sólo que los dos chavos corrieron y a mi hijo sí lo agarraron ya que los vecinos habían dado parte a la Policía. Yo no puedo hacer nada si cometió una falta. Sin embargo no se me hace justo que pague tantos años de cárcel cuando el valor de los aparatos es de mil 100 pesos”.
En una situación similar está la señora Patricia López, quien no tiene dinero para liberar a su hijo, de 19 años.
Mientras esperaba su turno en el exterior del Cereso, para entrar de visita, relató que su hijo fue arrestado el 29 de abril acusado de robarle una computadora laptop a una vecina, en la colonia Flores Magón.
El valor de la computadora es de 21 mil pesos.
“El licenciado (que lleva el caso) me dice que pague la cantidad de los daños, de lo contrario tendrá que pagar cuando le dicten sentencia de tres a cuatro años de cárcel por robo calificado. Pero no tengo el dinero y no sé qué hacer”, dijo angustiada la señora Patricia.
Un drama parecido vive el señor Juan Ruiz, por la detención de su hijo, de 18 años.
“Mi hijo trabaja de mesero en una taquería de 8 a 5 de la madrugada y lo acusan de haber robado un iPod, Nextel y una cámara. Dicen que el robo ocurrió en la madrugada, pero mi hijo a esa hora estaba trabajando”.
Mencionó que los agraviados exigen el pago de 16 mil 300 pesos, pero no tiene ese dinero para liberar a su hijo.
“Siento desesperanza y coraje con el Ministerio Público porque los verdaderos delincuentes están en la calle”.
Se desintegran familias
Rosa Elena Tovar Muñoz vende dulces, frituras y ropa usada, para sacar adelante a su familia.
Y es que su esposo está preso desde el 31 de mayo, acusado de haber asaltado a una joven en la vía pública.
“Se le acusa de robarle a esta joven mil 500 pesos, ya se le regresó el dinero a la víctima y nos dice el licenciado que tenemos que esperar el proceso para ver cómo avanza”.
Hace apenas un mes Rosa Elena se enteró que estaba embarazada, por lo que las responsabilidades aumentaron, ya que tiene otros tres hijos.
“Yo vendo dulces y frituras afuera de mi casa, pero no siempre se vende, apenas para el diario de las tortillas o los camiones para visitar a mi esposo. Tener un familiar en la cárcel es mucho gasto: los camiones para visitarlo, llevarle comida, tarjetas de teléfono para que se pueda comunicar con nosotros, llevarle una despensa pequeña entre semana, dejarle dinero para lo que se le ofrezca”, dijo angustiada la señora.
Auxilian a internos con fianzas
La Fundación Telmex ofrece auxilio a presos pobres para que puedan salir de la cárcel.
La ayuda se otorga a reos que cometieron delitos no graves, como robos menores, explicó Fausto Cota, director operativo del programa Fianzas Sociales.
Explicó que en convenio con el Estado, se capacita a los defensores de oficio para que identifiquen internos que pueden ser apoyados con este programa.
La función social es buscar a gente que no merece estar en la cárcel, por delitos menores.
“Normalmente son personas que son cabeza de la familia y el sustento de la misma. Cuando ingresan a la cárcel, los familiares quedan desamparados, los hijos comienzan a desbalagarse y comienza una desintegración. Por ello es importante que esta gente que no necesita estar en la cárcel, pueda estar produciendo afuera en sociedad para su familia, ya que los mismos internos por delitos no graves si se quedan en la cárcel pueden realmente convertirse en verdaderos delincuentes y el fin es evitarlo”, explicó el ejecutivo.
Marisol Araiza, vocera de la Fundación Reintegra, informó que no han podido extender las fianzas sociales en Guanajuato por problemas legales.
“La legislación en Guanajuato es un impedimento para que los reos cuenten con este programa, ya que las fianzas se triplican, por lo que la cantidad (a pagar) es muy elevada y la Fundación no alcanza a cubrirla por el monto de apoyo establecido”.
Precisó que el monto máximo de fianza que puede cubrir la Fundación es de 10 mil pesos.
En 2013 sólo ha otorgado una fianza social en Guanajuato, por un delito del fuero federal.
El dato
Los requisitos
Las fianzas sociales están condicionadas a:
-Que sea la primera vez que se comete el delito.
-Que el delito cometido no sea grave (por ejemplo, robos menores).
-Que la familia se responsabilice junto con el interno, en el proceso de cambio.
-Que el interno esté dispuesto a colaborar en su proceso de readaptación y de cambio de la conducta.
-Que la persona carezca de recursos económicos.
TESTIMONIO
Depende su libertad de $1,350
Juan Daniel Vázquez, de 19 años de edad, ingresó al Cereso de León el 29 de abril, acusado de robar en una casa.
“Se le acusó de que se había robado tres cobertores y una paca de 32 pantalones de la casa de enfrente donde estaban trabajando”, dijo la mamá, Amanda Vázquez.
Para que retiren los cargos, la señora Amanda debe pagar mil 350 pesos, porque supuestamente su hijo forzó la chapa de una puerta y las ventanas.
Con la esperanza de ver a su hijo libre, acude todos los días al Cereso.
“Tengo un cuadro de una fotografía de él, donde todas las noches abrazo el cuadro y lloro hasta más no poder. Casi no pruebo alimentos y no duermo. Siempre a la hora de comida sirvo su plato pensando que él está con nosotros. Tengo la esperanza en Dios de que se hará justicia y saldrá pronto de la cárcel para poder abrazarlo”, expresó entre llanto.
Paga fianza en abonos
Miriam, esposa de un joven de 21 años detenido por daños, tuvo que pagar la fianza en abonos.
Su esposo fue acusado de dañar una patrulla en una riña ocurrida en la colonia Arboledas.
“El último viernes de marzo se pelearon dos bandas de la colonia. Llegaron las patrullas y mi esposo por defenderse agredió a uno de los policías. En el transcurso de la semana llegaron por él los judiciales culpándolo por daños a una patrulla”, relató la mujer.
“Me pidieron 9 mil pesos para salir bajo fianza y el 29 de mayo deposité 4 mil 500 y el resto lo pagaré en el resto del año con abonos mensuales”.
Ofrecen el perdón por $20 mil
La noche del sábado 12 de septiembre de 2012 ocurrió una riña de pandilleros en la colonia Valle Hermoso.
“Me encontraba con mi esposo y mis hijos en mi casa, de pronto comenzamos a escuchar gritos, golpes de piedras y cristales. Mi marido salió y se dio cuenta de que estaban quebrados los cristales de su taxi. Fue a reclamar a los pandilleros y ellos respondieron con golpes y balazos”, relató la señora Margarita Landeros.
Una de las balas hirió a un joven.
A los seis meses de aquella riña, llegaron a su casa agentes ministeriales para arrestar a su esposo, de 54 años de edad, al que acusaron de haber lesionado a un joven pandillero.
“Mi esposo es totalmente inocente, él nunca disparó un arma”, aseguró la señora Margarita.
“La persona que puso la demanda es el mismo joven a quien le dispararon y exige se le paguen 20 mil pesos y retira los cargos”.
El abogado que lleva el caso asegura que el juicio llevará muchos meses, antes de que se dicte sentencia.
La señora Margarita compartió que vive muy angustiada, llena de rabia por las injusticias sociales que suceden y que sus vecinas no le quieren apoyar en declarar cómo sucedieron los hechos por miedo a que los pandilleros tomen venganza.