Policías despedidos y sus familiares marcharon del Estadio León a la Presidencia Municipal, para exigir una vez más una liquidación justa y su suspensión definitiva.
A cuatro meses de que fueran cesados, la situación de despido definitivo o acuerdo de indemnización no es clara al menos para 48 elementos.
Ayer los inconformes, representados por la abogada María Dolores García, entregaron al Ayuntamiento un documento con 13 peticiones.
“El pliego petitorio son mejores condiciones, armamento, que verdaderamente se haga justicia, que se dé la resolución de los elementos, que ya lo haga el Consejo de Honor y Justicia”, comentó la abogada.
“Ni PAN ni PRI, polis sí”, “Bárbara Botello, tú sí traes harta protección y nuestras familias qué”, fueron algunas de las consignas escritas en mantas que llevaban los 39 manifestantes por la Calzada de los Héroes hasta la calle Madero.
La mayoría de quienes integraban la marcha eran familiares de los oficiales despedidos, aunque algunos ciudadanos se incorporaron a ella.
“Es mi cuñado al que separaron y tiene que mantener a ocho, mínimo que les resuelvan rápido para que puedan trabajar en otro lado en otra cosa, ahorita lo que andan haciendo es juntar botella y catón”, comentó Rosa Flores.
Aunque se había anunciado la participación en la marcha de los policías activos, no se vio a alguno, se dedicaron a cerrar calles y a dar seguridad a los manifestantes.
“Pero no me vaya a grabar”, dijo un oficial que desde su vehículo mostró el apoyo a sus ex compañeros. “Las cosas están para la pura ch… que si son pruebas o no, nos dejan sin trabajo”, dijo el elemento.
También los hijos de los afectados se manifestaron contra la indefinición laboral.
“Lo corrieron en marzo, pienso que deben regresarle su trabajo para que podamos estar seguros y para poder salir adelante, ya no nos puede comprar cosas y ni ayudar a los demás”, dijo Getsemaní Gómez Criollo, de nueve años.
Se saltan seguridad
La barrera que formaron policías en la entrada de la Presidencia no impidió que algunos de sus ex compañeros manifestantes entraran.
Al menos dos de ellos y su abogada, María Dolores García, pasaron por encima de la barrera humana para entrar al edificio.
Exhortó a las autoridades a resolver la situación laboral de los elementos despedidos y no tenerlos esperando.
La solicitud fue recibida por un asesor de Gobierno, y será entregada a los regidores que responderán en un plazo no mayor a 20 días.
Demandas inviables
Luego de conocer las 13 peticiones de los policías despedidos, el secretario de Ayuntamiento, Martín Ortiz, dijo que la mayoría no son legalmente atendibles.
“Piden que no se vuelva a separar del cargo de policía o tránsito, no es materialmente posible ni para este ni para ningún Gobierno, hay algunos puntos en que tenemos total coincidencia”, expresó.
Una de las demandas que se lee en el documento es continuar con el sustento económico bajo el proceso de suspensión.
“No es financieramente viable, se les invita a un acuerdo económico, la mayoría de los elementos de Policía que fueron separados por no pasar el control de confianza aceptaron un acuerdo de una indemnización… 70 aproximadamente aceptaron el arreglo”, informó el funcionario.
Señaló que la misma notificación que ellos solicitan es algo que el Ayuntamiento también persigue.
“Se les dijo que podían pasar a notificarse pero no hubo respuesta”, agregó Martín Ortiz.
Agregó que el Municipio pagó más de 8 millones de pesos en la liquidación de los 70 elementos que aceptaron el acuerdo.
Reconoce incertidumbre
Es comprensible que los policías consideren que hay incertidumbre laboral en la corporación, consideró su director Javier Aguilera Candelas.
El fin de semana elementos activos calificaron como difícil la situación laboral, y denunciaron que trabajan más porque faltan elementos.
“Creo que es lógico pensar que te genera incertidumbre, no hay peor agonía que puedas tener que incertidumbre, si ya se manejó una cifra de la gente que está en suspensión, el hecho de que no tengas estabilidad laboral, qué es lo que va a pasar… tienes incertidumbre y te genera desconfianza”, explicó.
Sobre la falta de policías, el Director dijo que “claro que hay suficientes” para mantener el municipio seguro.
Sobre la situación de suspensión de elementos, señaló que el proceso esta en manos del Consejo de Honor y Justicia y él no conoce las causas de reprobación.
“Como director nada más se hace lo que la ley (dicta), nosotros no tenemos por qué saber por qué reprueban, el control de confianza no es una evaluación que aplique el Municipio, es algo que viene aplicado a nosotros”, dijo.
“Yo no puedo decir si está bien o no la separación, tenemos elementos suficiente porque afortunadamente la mayoría aprobó”, agregó Aguilera Candelas.
Aseguró que además existe coordinación con el Gobierno del Estado para sacar adelante el trabajo en materia de seguridad.
‘No se resuelve nada…’
Hace siete años Jesús Gómez Hernández llegó de San Antonio Nahuatipa, Oaxaca, en busca de una oportunidad dentro de la Policía.
Consiguió entrar a la corporación, pero hace cuatro meses pasó a engrosar la lista de cesados.
“Yo lo que quiero es que me den la baja, porque así ya no se puede, es un ir y venir y no se resuelva nada”, dijo.
Para mantener a su familia estos meses tuvo que vender las pocas cosas que componían su patrimonio, y sus hijos quieren dejar de estudiar para apoyarlo.
“Mis hijos tenían una beca que da la corporación, pero ahora ya no la tendrán cuando regresen a la escuela porque ya no estoy y ellos mejor se quieren salir”, agregó.
Hace algunos días consiguió trabajo en una fábrica de zapato, pero los 900 pesos que ganará a la semana serán insuficientes para cubrir los gastos de su hogar.
“Comemos pura sopa o frijoles, no hay más. La carne es muy cara, a veces incluso yo me quedo sin comer para que mi familia pueda hacerlo”, dijo Gómez Hernández.
Aseguró que ahora sólo le pide a la Policía que se le dé la baja definitiva para poder seguir con su vida, ya sea regresar a su pueblo o dedicarse a otra cosa.
Sabe que su familia lo apoya en todo momento, es por eso que no decaen sus ganas para lograr llegar a un acuerdo con el Municipio.
“Uno arriesgó su vida, para que nos paguen así… no es justo, uno ha trabajado en el Ejército y ya después me vine para acá a tratar de servir pero ya mejor quiero que me liquiden porque regresar no, uno no sabe cuándo lo van a matar”, concluyó.