Ante el anhelo de conseguir una plaza oficial, decenas de docentes gastaron sus ahorros y otros se endeudaron para pagar 85 mil pesos sin sospechar que serían víctimas de un fraude perpetrado por supuestos empleados de la SEG.
Frenan pesquisade fraude
Las personas que fueron defraudadas por la venta de plazas magisteriales se sienten desilusionadas de las autoridades de justicia porque no recuperaron su dinero y porque dejaron en libertad a los estafadores.
“Tienen mucha tristeza, resentimiento, desilusión, son personas que a su vez pagan sus impuestos, están al corriente, son gobernados y que te digan no funciona… Oye, espérame: fui victima de robo, todavía me endrogué yo y toda mi familia para pagar una plaza de maestro y que les digan: ¿Saben qué? No procedió, no hay elementos. Y que cuando se van al recurso de apelación en Guanajuato les digan: Se confirma, no hay elementos. Qué tristeza para toda esta gente”, lamentó el abogado Agustín Gómez Soto, quien en un principio representó a 17 personas afectadas por el fraude.
Informó que el caso ya fue archivado, a pesar de todas las pruebas que se presentaron.
El abogado mencionó que uno de los involucrados trabaja actualmente para los juzgados federales de Guanajuato.
“Se le dio un paro furtivo a la averiguación, a la denuncia, manifestando que no había elementos para proceder, lo cual bueno, pues fue a todas luces. Si te piden un dinero a cambio de una plaza que son públicas, que no son vendidas, pues ya hay un fraude, estipulado y sancionado por el artículo 201 del Código Penal”, explicó Gómez Soto.
“Esta gente afectada quiere que se haga justicia, no que los metan a la cárcel, quieren que les devuelvan su dinero, pero qué tristeza y qué lamentable que el Gobierno cierre los ojos ante una desilusión tan grande como es la injusticia y la impunidad”, mencionó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guanajuato.
Falsificaban documentos
En hojas membretadas, con sellos de la SEG, números de folio, copias de pagarés, así como firmas de funcionarios, los defraudadores enganchaban a sus víctimas para hacerles creer que todo era legal y podían conseguir una plaza pagando 85 mil pesos.
Uno de los “nombramientos” con número de folio y membrete de la SEG tiene el nombre de Laura Sofía Alonso Bravo como titular de la Dirección de Plazas Estatales y quien declaró ante el Ministerio Público, que los documentos entregados por José Alberto Razo Corona -uno de los acusados- eran fotocopiados y falsos.
“Nos dimos cuenta que esta persona de nombre Jorge Alberto Razo Corona estaba entregando nombramientos fotocopiados y falsos a cambio de dinero y fue cuando acudimos con la Consejería Legal de la Secretaría de Educación de Guanajuato y presentamos una denuncia correspondiente en la ciudad de Guanajuato”, dijo en su declaración la empleada.
Actualmente, Alonso Bravo es directora general de Administración de Recursos Humanos de la Subsecretaría para el Desarrollo Humano de la SEG, ocupando un puesto de nivel tabular 14 de casi 60 mil pesos mensuales.
Por este caso fue girada la orden de aprehensión en contra de los indiciados el 8 de noviembre de 2012, siendo cumplimentada por lo que respecta a Miguel Ángel Rojas Pérez -uno de los acusados- el pasado 25 de enero de 2013.
Sin embargo, cinco días después quedó en libertad por orden de la Juez Tercero del Ramo Penal Rosario Alderete García, argumentando que no quedó debidamente acreditado el cuerpo del delito de fraude en agravio de los denunciantes.
El auto de libertad para Rojas Pérez se decretó el pasado 30 de enero a las 11:30 de la mañana, por falta de “elementos para procesar”.
Por su parte, José Alberto Razo Corona jamás pisó la cárcel, interpuso una demanda de amparo para no ser aprehendido quedando registrada el 26 de noviembre de 2012 en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número de orden 9590/2012, obsequiado por la Juez Cecilia Peña Covarrubias.
La Dirección Jurídica de la SEG presentó y ratificó ante la Jefatura de Zona XX de la Subprocuraduría de Justicia, una denuncia penal en contra de José Alberto Razo Corona o quien resulte responsable por falsificación.
‘No es legal, pero así es más fácil’
Desde 2008, año en que concluyó la Licenciatura en Educación Preescolar, María había buscado sin éxito conseguir una plaza en los concursos nacionales convocados por la SEP.
Por medio de su mamá se enteró que un abogado ofrecía plazas en venta.
“En el mes de febrero (de 2012) mi mamá me comentó que conocía a un señor que arreglaba plazas de maestros. Fui con mi mamá al domicilio de este señor (…), quien me dijo que él podía conseguir una plaza y que de hecho ya había repartido otras anteriormente”, expuso la maestra ante el Ministerio Público.
Para “amarrar” el trato, el estafador pidió a María una serie de documentos, además de la cantidad de 85 mil pesos, que debería cubrir en dos pagos, con la promesa de que a más tardar en tres meses ya tendría su plaza.
“Me dijo que escogiera el lugar donde quería la plaza, le indiqué que la quería en Irapuato, ese mismo día 2 de febrero quedamos de vernos en la tarde porque sí me interesaba la plaza, por lo que acudí nuevamente a su casa con mi mamá y fue cuando le di la cantidad en efectivo de 42 mil 500 pesos”, narró María al Agente del Ministerio Público ante el que presentó su denuncia por fraude.
Para cubrir el anticipo de su plaza, María le pidió prestado a su mamá; la mujer sacó sus ahorros del banco y de una caja popular.
En vez de recibir un documento que respaldara el dinero pagado, la educadora recibió de parte del estafador un pagaré elaborado con su puño y letra.
Enseguida le informó que en el lapso de una semana se volverían a ver para la entrega del resto del dinero.
“En esa ocasión me di cuenta que había más gente en el lugar, siendo como unas 15 personas, todas íbamos con el mismo propósito, fue donde conocí a José Alberto Razo Corona, él dijo que trabajaba en la SEG de Puentecillas de Guanajuato y que era el encargado de adquisiciones”, manifestó en su declaración la afectada.
Dijo que en la plática que les ofreció Razo Corona a los aspirantes a maestros, se “sinceró” y les comentó que él sabía que esta forma de obtener las plazas no era legal, pero “que era la manera más fácil para conseguirla, agregando que ya lo había hecho en otras ocasiones”.
A la semana de esta reunión, María fue citada en una cafetería de Irapuato, donde le entregarían el nombramiento de plaza, con sellos y firmas oficiales.
Sin embargo, el vendedor de plazas no le entregó ningún documento, lo cual despertó las sospechas de la educadora, quien exigió que le regresara su dinero.
Para devolverle su anticipo, la citaron en una sucursal bancaria, pero los estafadores nunca llegaron. María perdió su dinero.
Se deslinda funcionaria
En los documentos que entregaban José Alberto Razo Corona y Miguel Ángel Rojas Pérez a las personas que les ofrecían plazas magisteriales falsas, aparecen las firmas y nombres de dos empleados de la Secretaría de Educación de Guanajuato, uno aún en funciones y otro dado de baja desde el año pasado.
Una de las personas involucradas es Laura Sofía Alonso Bravo, quien actualmente ocupa el puesto de directora general de Administración de Recursos Humanos, perteneciente a la Subsecretaría para el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación en Guanajuato.
En los documentos falsos que entregaban los defraudadores, aparece la firma y nombre de Alonso Bravo, mencionándose que en ese tiempo era directora de Control de Plazas Estatales y quien autorizaba los nombramientos.
De acuerdo a la declaración que Laura Sofía Alonso rindió ante el Ministerio Público, aceptó que sí estuvo en este cargo donde su función era precisamente realizar la expedición de plazas para maestros, pero aclaró que en ese puesto estuvo laborando hasta el 23 de febrero de 2012, además de aceptar que conoció sólo por su nombre a José Alberto Razo.
“Quiero mencionar que durante el tiempo que tengo laborando para la Secretaría de Educación de Guanajuato, sí conocí por su nombre a José Alberto Razo Corona, quien tenía una plaza de confianza en la Unidad de la Consejería Legal, con el puesto de asistente de Proyectos Jurídicos Normativos, pero nunca lo conocí personalmente ni tengo ninguna relación con él”, declaró ante el Ministerio Público.
Dijo que Razo Corona dejó de laborar en la SEG desde el año 2010. Entre sus funciones estaba llevar los asuntos de los maestros que demandaban.
En relación con Miguel Ángel Rojas Pérez (también señalado como estafador) dijo que no lo conocía, ni mucho menos tenía amistad con él.
Además mencionó que su anterior Jefe del Departamento de Nivel Secundaria de la Dirección de Plazas Estatales le había informado que en varias ocasiones le tocó observar a José Alberto Razo Corona realizando preguntas sobre nombramientos de personas de este nivel educativo.
AM solicitó una entrevista con Laura Sofía Alonso Bravo de forma directa y a través del Departamento de Comunicación de la SEG, pero no hubo respuesta.