El narcotráfico es un fenómeno constante”, advertía Enrique Álvarez del Castillo, entonces Gobernador de Jalisco. Eran los años 80’s.
Para entonces, el Estado comenzaba a enfrentarse a una nueva realidad: el cártel de Medellín había vuelto a tomar a Guadalajara como trampolín en las rutas de distribución a Estados Unidos, que, tiempo atrás, controlaba el cártel de Jalisco.
Éste era otra versión del cártel del Pacífico, otro el más poderoso. Fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el “dream team” del narco en México se consolidó con la participación de Ernesto “don Neto” Fonseca, Rafael Caro Quintero y sus tíos Emilio y Juan José Quintero Payán, todos originarios de Sinaloa.
El publirrelacionista del grupo era un compadre de “don Neto” y Caro Quintero: Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, antaño comandante en Guadalajara de la Dirección Federal de Seguridad.
Jalisco era desde los años 70’s el destino preferido para la migración de narcotraficantes. El cártel de Jalisco -o cártel de Guadalajara, o Asociación de Guadalajara, como también le han llamado- tenía su cuartel en el hotel “Las Américas”, que aún opera como tal, aunque con otro nombre, frente a Plaza del Sol.
Las historias que se tejían por la bonanza tapatía gracias al narcotráfico no tenían límites.
Luis Garfias, ex diputado priísta y General de División en retiro, recordó alguna vez las inversiones que hacían en hoteles y plazas comerciales para lavar dinero narcotraficantes como Caro Quintero, Héctor Luis “El Güero” Palma -detenido en 1995 en Jardines de la Patria- y Manuel Salcido “El Cochiloco” -acribillado en 1991 en Residencial Victoria-.
Y vaya que tenían visión. Desde los 80’s fueron los primeros en invertir en algunas de las zonas de mayor plusvalía en la actualidad: “El Azul” al sur de la Ciudad, hacia Tlajomulco; Rafael Caro Quintero tenía un rancho en Tomatlán, y durante muchos años su inconclusa residencia en Acueducto -donde hoy está un exclusivo fraccionamiento- fue referencia obligada.
Sus familias han mantenido y diversificado los negocios a tal grado, que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció el 12 de junio pasado sanciones por supuesto lavado de dinero a 18 individuos y 15 empresas vinculadas con ambos capos.
Pero más allá de todo esto, Caro Quintero marcó a la ciudad con el escándalo internacional por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, responsable de que en noviembre de 1984 se “descubriera” -es un decir, pues desde antes estaba custodiado por soldados- el rancho El Búfalo en Chihuahua, donde se aseguraron seis mil toneladas de marihuana.
Caro Quintero dedicó sus recursos en los siguientes dos meses a atrapar al culpable de su pérdida. Fue así como se fraguó la tortura y muerte de Camarena el 7 de febrero de 1985.
Washington presionó al de México para hallar al culpable, al punto de que el tema ocupó un lugar en una conversación entre los presidentes Ronald Reagan y Miguel de la Madrid.
Caro Quintero fue capturado el 4 de abril de 1985 en Costa Rica, a donde ingresó sin control migratorio el 17 de marzo del mismo año junto con la tapatía Sara Cosío, sobrina de quien después llegó a ser gobernador, Guillermo Cosío.
La suma de penas que correspondería a Caro Quintero, por los diversos delitos que se le imputaron, habría llegado a 199 años de prisión. Sólo se le sentenció a 40, y hoy está fuera de la cárcel por irregularidades en el proceso.
Ya lo decía Álvarez del Castillo antes de convertirse en Procurador General de la República: el narcotráfico es un fenómeno constante. Sí. Y sigue vivo.
Cuestiona PGR el caso
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expresó su preocupación ante las resoluciones judiciales que permitieron la libertad de Rafael Caro Quintero.
Mediante un comunicado, la PGR indicó que el Primer Tribunal Colegiado debió haber remitido el expediente de Caro Quintero a un Juez competente y no dejarlo en libertad.
“El Procurador sostuvo que el Primer Tribunal Colegiado ignoró por completo el reciente criterio sostenido apenas en marzo pasado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ordenó a una autoridad que éste consideró incompetente por razón de fuero, que sobreseyera las causas penales seguidas en contra de Caro Quintero, dejándolo en libertad, cuando que de haber aplicado el criterio de la Corte, debió haber remitido el expediente al Juez que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió, produce la absolución sin juicio por un Juez que el mismo Tribunal consideró incompetente”, se indica en la comunicación.
(Agencia Reforma)