Alista Estados Unidos reforma contra drogas

El fiscal general de EU, Eric Holder, anunció ayer su propósito de abordar una reforma en el sistema judicial que reduzca sus “desigualdades persistentes”.
El primero de los cambios que pretende acometer el Departamento de Justicia es el del procesamiento de los delitos relacionados con las drogas que pasa, de manera inmediata por ordenar a los fiscales que no exijan penas mínimas obligatorias a los procesados por delitos menores de narcotráfico que no estén relacionados con bandas criminales o cárteles.
Este cambio se enmarca dentro de las directrices de la Administración que aspiran a reducir la población reclusa y a acabar la cultura de la guerra contra las drogas para abordar el asunto como un problema de salud pública antes que de seguridad.
“Cierto tipo de delincuentes menores y no violentos que no tienen ningún lazo con organizaciones criminales a gran escala o cárteles ya no serán procesados por delitos que lleven aparejada una pena mínima obligatoria”, anunció Holder ayer en San Francisco.
Desde su implantación durante la década de los 80, la pena mínima obligatoria se convirtió en EU en una de las herramientas más utilizadas para la lucha contra el crimen derivado de la droga. Holder se refirió a esta medida, cuya efectividad lleva poniendo en cuestión en los últimos meses, como “draconiana”.
La decisión de erradicarla de la práctica de los fiscales es una victoria de los grupos de derechos civiles que denuncian que este tipo de condenas de larga duración tienen un efecto devastador entre las clases sociales con menos recursos y minorías.
“Miles de ciudadanos están atrapados en este círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que ha exacerbado el problema en lugar de solucionarlo”, dijo Holder.
Mientras la población estadounidense ha crecido en un tercio desde 1980, la reclusa se ha incrementado en un 800%.
De los 2.2 millones de personas encarceladas, más de la mitad lo está por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con el Censo de 2010.
El coste del sistema penitenciario en EU ascendió a los 80 mil millones de dólares ese mismo año. Muchos sostienen que el procesamiento por delitos que acarrean una pena mínima obligatoria es el principal responsable del alto número de reos en este país.
La obligación de imponer una pena obligatoria mínima impide a los jueces poder establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso obstaculizando la posibilidad de rehabilitación.
Con las nuevas directrices que ya empezaron a ser remitidas a los fiscales del país, cuando éstos se encuentren ante este tipo de narcotraficantes, acusados por delitos menores, no deberán incluir en el escrito de acusación la cantidad que se les decomisó para no tener que forzar así al juez a imponer la pena específica vinculada con el crimen específico.
A cambio, el Departamento de Justicia impulsará penas alternativas que contemplen la rehabilitación o los servicios sociales, en lugar del encierro.