“Nosotros no somos jueces, somos auditores, no somos los juzgadores y es un caso de juzgadores”, declaró Mauricio Romo Flores, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Estado, ante la investigación en el caso de Traesa.
Después de que el OFS interpusiera un recurso de apelación, para que Lorena Alfaro García, actual secretaria del Ayuntamiento de Irapuato, no fuera señalada como corresponsable en el caso de fraude de más de 2 millones de pesos.
“Nosotros como institución pública, lo que estamos haciendo en cualquier asunto que tiene que ver con alguna promoción civil, es lo que la ley nos pide que hagamos, llevar a cabo el proceso con los tribunales del Poder Judicial de la Federación”, comentó.
La apelación fue rechazada por la Sala Quinta de Guanajuato, llamando a declarar a Alfaro García y a otros dos implicados en el caso, durante la Administración de Mario Turrent Anton, en el 2009.
“El juez o quien corresponda, tendrá que llegar a la conclusión de acuerdo a la información que obtenga, nosotros no somos jueces, los jueces y los actores tienen que hacer ciertas cosas ante la ley”, declaró.
Romo Flores señaló que los involucrados pueden usar todos los recursos que tengan a la mano y que otorgue la ley, durante el proceso legal, indicando que la función del OFS es defender el interés público.
“Si el proceso de una promoción de responsabilidad civil conlleva que la gente o que el juez cite a personas, adelante, es un proceso que fue motivado por una revisión que hizo el Órgano de Fiscalización en su momento, y que trajo un hallazgo, lo que hacemos es actuar bajo el proceso legal correspondiente”, finalizó.

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